Esta semana se confirmó la muerte de una segunda víctima del caso de la explosión en un edificio de apartamentos en el área de El Bosque, posiblemente, producto de una fuga de gas. Se trata de una madre que había sufrido quemaduras en más del 40 % de su cuerpo, poco más de diez días después de que también falleciera su hija, quien había resultado con quemaduras en el 80 % de su cuerpo durante el mismo incidente. Aunque el Ministerio Público mantiene abierta una investigación para determinar las causas de la tragedia y establecer responsabilidades penales en caso de hallar culpables, este hecho vuelve a poner bajo la lupa la supervisión de las promotoras, administradores de PHs y las autoridades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de los controles de seguridad. En los últimos seis años se han registrado al menos cuatro explosiones relacionadas con fallas en la instalación, mal uso o falta de mantenimiento de los sistemas de gas en edificios. Frente a esta realidad surgen interrogantes urgentes: ¿Qué acciones están tomando las autoridades? ¿Cuál es el papel del Cuerpo de Bomberos al otorgar permisos de ocupación? ¿Qué políticas de prevención impulsa el Gobierno para evitar que esto se repita? ¿Por qué no se han actualizado los procedimientos de seguridad, como las pruebas de hermeticidad? ¿Qué control existe sobre el personal idóneo para realizar estas instalaciones? Son preguntas que demandan respuestas y acciones concretas. Basta ya de mirar hacia otro lado ante este laissez-faire en materia de seguridad. No deben perderse más vidas, es el momento de actuar.

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