Temas Especiales

17 de Jan de 2021

Aristides Royo

El Ático

A cien años de la ‘Patria Boba’

La conducta de los panameños, unas veces como representantes de los gobiernos y otras como líderes de la oposición, ha cambiado sustancialmente.

Si bien los panameños alcanzamos la independencia de Colombia luego de ochenta y tres años de una unión que nació con idealismo bolivariano, pero que terminó con profundas decepciones, la soberanía de Panamá fue mediatizada por el Tratado Bunau Varilla del 18 de noviembre de 1903, que fue concertado a perpetuidad y cuyo articulado lo tipificaba como leonino. En los inicios de la Era Republicana, conocida también como la de la ‘Patria Boba’, los istmeños se sentían inseguros de que el país se condujese por senderos armónicos y civilizados, luego de casi cien años de conflictos armados entre los colombianos, el último de los cuales involucró a los bandos liberales y conservadores del istmo durante la Guerra de los Mil Días. Los constituyentes de 1904 decidieron con la mayoría de un voto, precisamente el del jefe de la bancada liberal, Pablo Arosemena, que estaba supuesto a votar en contra, aprobar el artículo 136 de la Constitución Política, que autorizaba la intervención de EE. UU. en los asuntos internos de Panamá.

Desde la aprobación del Texto Fundamental, la potencia norteña intervino en las elecciones de 1908, en las de 1912 y en las de 1918, algunas veces con presiones, otras con supervisiones y en algunos casos con ocupaciones militares. El artículo 136 fue derogado en el Tratado Arias-Roosevelt de 1936, pero, aunque este pacto descartó las intervenciones directas, no eliminó las influencias de gobiernos americanos en los procesos electorales panameños ni las solicitudes de panameños preocupados por el acontecer político para que Washington apretase las tuercas a los gobiernos cuando las ruedas estaban a punto de salirse de sus ejes.

La conducta de los panameños, unas veces como representantes de los gobiernos y otras como líderes de la oposición, ha cambiado sustancialmente y desde el restablecimiento de la democracia plena, en las elecciones que se han celebrado desde la época de Endara, la conducta de los gobernantes hacia el Tribunal Electoral (TE) ha sido respetuosa y los mandatarios se han abstenido de brindar apoyo directo y participativo a los candidatos del partido en el poder. Tal proceder, que contribuye a una contienda electoral más justa y equitativa, en condiciones de igualdad entre los participantes, ha sufrido una excepción. El apoyo por parte del gobierno actual hacia sus candidatos es evidente en propaganda, recursos y participaciones directas en las que se favorece al candidato oficialista y se denigra a los de la oposición, hechos que se dan incluso en inauguraciones de obras que se construyen con los recursos de todos los panameños.

Como quiera que existe una preocupación internacional acerca de las próximas elecciones, la cual ha sido puesta de manifiesto durante la primera visita de la misión electoral de la OEA, en la que la jefa de la misma, Lourdes Flores, expresó su inquietud por los ataques al TE y a su presidente, Erasmo Pinilla, una delegación integrada por distinguidos panameños ha visitado EE. UU. Se ha reunido en Washington con entidades cívicas, como el Instituto Democrático Nacional y el Instituto Republicano Internacional, con funcionarios del Departamento de Estado, líderes del Senado y medios de comunicación.

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados; Aurelio Barría, uno de los fundadores de la Cruzada Civilista; Ricardo Alberto Arias, ex ministro de Relaciones Exteriores y Fernando Berguido, ex presidente de Corprensa, hicieron un recuento de la conducta honorable del TE, así como de su impecable historial de entidad imparcial, justa y objetiva que no favorece a ningún candidato y que organiza con honestidad el proceso electoral para luego darle las credenciales a los legítimos ganadores. Requirieron en consecuencia el apoyo internacional a la confianza que la inmensa mayoría de los panameños ha depositado en el Tribunal Electoral y que no tiene duda alguna de la honradez de sus integrantes.

Es un hecho comprobado que muchos panameños no confían en todos los órganos del Estado y que desean reformas importantes en el Órgano Legislativo y en el Judicial, pero mientras se logra dar cumplimiento a esta aspiración nacional, mantengamos la confianza en el Tribunal Electoral, pues ha conseguido, a lo largo de casi cinco lustros, que los ciudadanos sintamos que se respeta la voluntad soberana del pueblo para escoger a los gobernantes de nuestras simpatías.

ABOGADO