Otra Vez

En el gobierno pasan cosas ilógicas. Hace unos años, un ministerio que tenía su sede en un edificio estatal se mudó para un nuevo inmueble que construyó un empresario. En pocas palabras, el gobierno —so pretexto de mejor ubicación y comodidad para usuarios y empleados— justificó la mudanza, pero lo que todo el mundo sabía era que el empresario afortunado había logrado pagar su inversión a costa del Estado. Ahora, el gobierno anuncia con bombos y platillos la construcción de una torre financiera, pero el 60% de esta megainfraestructura (de $250 millones) será vendida a potenciales clientes que puedan costearse el lujo y esplendor. Por supuesto, no faltan las críticas y con sentido: ¿Ahora el Estado es promotor de bienes raíces? Definitivamente que aquí hay mucha tela que cortar; lamentablemente, esto va a todo vapor y sin margen para las consultas. ¿Alguien puede recapacitar?