Megainvestigación en qué quedará

La presunción que los ciudadanos deben tener es que los servidores públicos actúan con apego a la ley y que todas las gestiones que realizan tienen como objetivo el beneficio de los intereses del pueblo. Visto que las autoridades están instituidas para cumplir y hacer cumplir las leyes. No obstante, es casi una constante que cada uno de los proyectos en los que están involucradas grandes cantidades de fondos públicos terminen con cuestionamientos y siendo denunciados por actos indebidos. Recientemente, el Ministerio Público ha informado sobre un caso que ya empezaba a caer en el olvido, sobre los avances en las investigaciones que guardan relación con las indemnizaciones que se pagaron a los buses de transporte público (diablos rojos) para que salieran de circulación y así permitir la entrada del nuevo servicio de transporte público. Las sumarias han establecido una desproporción entre los certificados de operación existentes hasta el 2012 y la cantidad que pagó la ATTT hasta el 2014. Vale recordar que los pagos totales alcanzaron la suma de 95.9 millones de dólares. El Ministerio Público ha imputado cargos a 465 transportistas y 63 funcionarios de la ATTT, Contraloría y Secretaría de Metas de la Presidencia de la República. Esta correspondería, sin duda, a lo que podría llamarse una megainvestigación en la que se han evaluado más de 200 mil hojas de información durante varios años. Las preguntas que se harán los ciudadanos son: ¿Nuevamente la administración de justicia le fallará al país? ¿Algún juez Loaiza u otro tirará toda la investigación al tinaco de la basura? No jueguen con la paciencia de un pueblo que ya no soporta más confirmar que los fondos públicos van a beneficiar los bolsillos de unos cuantos, cuando debieran ser para el progreso naciona l.