El Canal y la política

Cuando en la década de los años 90 se desarrollaron los diálogos de Bambito y Coronado, que dieron lugar al Título Constitucional del Canal y a la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, uno de los objetivos fue el de blindar a la agencia panameña del ajetreo político, para garantizar su eficiente y segura operación. En esa vena, la ACP ha dictado el ‘Reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Panamá', en cuyo Capítulo VII se dictan normas que regulan el ejercicio de ‘Actividades políticas de empleados de la Autoridad'. Sin limitar el derecho de sus empleados a expresar sus opiniones políticas o a militar en los partidos de su preferencia, el Reglamento prohíbe ‘a los empleados de la Autoridad realizar actividades de propaganda y afiliación partidaria en su horario de servicio y en las instalaciones de la Autoridad, o utilizar la autoridad o influencia de sus cargos para servir intereses de determinados candidatos en el proceso electoral...'. Quienes violen la norma serán sancionados conforme al Reglamento de Personal. El riesgo de la injerencia de políticos en el Canal es real. Un ejemplo fue el intento, frustrado, en septiembre de 2017, de una mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, de modificar el presupuesto de la ACP en abierta violación del Título Constitucional. El blindaje de la agencia canalera es vital, no solo para que el Canal siga operando con su tradicional eficiencia, sino para fortalecer su rol como instrumento del desarrollo de Panamá como centro logístico y de comercio regional. Sus colaboradores deben ser los primeros en defender su autonomía.