De la DIJ al Imelcf

La polémica que se ha levantado entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad por unas unidades de la Policía a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, denota la frágil situación que existe sobre las investigaciones criminales. Y es que la realidad desborda sobre lo que ocurre hoy con los casos. Una Policía frustrada cuando detiene a un criminal, pues luego un fiscal o un juez lo libera por la falta o debilidad de la prueba. ¿Cómo se fortalece la prueba para lograr el castigo del delincuente? En ello, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) juega un papel primordial y, según muchos conocedores, su trabajo sería más efectivo si lo hace en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Hoy, empero, la DIJ pertenece a la Policía y el Imelcf al Ministerio Público; es decir, totalmente separados. Lo inteligente es hacer de la DIJ y el Imelcf una gran entidad de investigación criminal, que funcione de forma independiente y con presupuesto propio. Que sea una institución con un alto grado de profesionalismo y que logre la confianza de la sociedad, sobre todo, ahora que Panamá migró hacia el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Las historias recientes sobre la DIJ (antes PTJ y antes DENI) y las del Imelcf denotan que no es así. La primera fue el organismo de terror de los militares en la dictadura y el segundo, un ente que bajo el paraguas del Ministerio Público se manejó y maneja de acuerdo al capricho del fiscal y a sobre quién es el investigado. El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo tiene la oportunidad de enderezar este entuerto, fusionar la DIJ con el Imelcf y trabajar de forma científica y profesional y no para los intereses de un jefe, sea quien sea.