La Llorona del 9 de febrero de 2026

Por ahí andan sonando —y fuerte, como totorrón en pleno verano— un alto funcionario, una excanciller y uno que ya pasó por el potro para reemplazar a Catín. ¿La coincidencia? Los tres cuentan con el beneplácito del norte para seguir haciendo de dique frente a lo que han bautizado, con dramatismo incluido, como las “influencias malignas”.

Por los pasillos de la Descentralización anda circulando un contrato de consultoría en estrategia de medios por la módica suma de 36 mil billullos. Hasta ahí, nada raro, salvo por un pequeño detalle: fue adjudicado por procedimiento excepcional a una empresa desconocida. Los nombres que aparecen en el Registro Público no los ubican ni en su propia casa.

Me cuentan que un director de una oficina ligada al desarrollo de territorios en el ministerio del chenchén tiene una curiosa rutina laboral: despega todos los jueves rumbo a la altiva provincia y reaparece —como si nada— el martes para retomar funciones. En la entidad ya no lo llaman funcionario; le dicen el cometa: aparece, desaparece y nadie sabe bien qué órbita sigue.

Me cuentan que en el departamento de gestión de emergencias de la Caja maltratada las alarmas suenan más por el miedo interno que por las crisis externas. Uno de los mandamases tiene a los funcionarios contra la pared, no por eficiencia, sino por viejos fantasmas: una auditoría pasada le destapó un chanchullo en compras en ese mismo departamento. Regresó para cobrar venganza.

Ya que hablamos del Departamento de Emergencias de la Caja maltratada, la Antai detectó un caso de nepotismo y sancionó a los responsables. Los involucrados solo cambiaron de paredes y, para pagar la multa, se apuntan horas extras. Ni hablar de la lista de asistencia, porque nunca llegan a la hora indicada.

Al parecer, en la Chacaldía siguieron metiéndole tijera a la planilla. El detalle —y no es menor— es que ya empezaron a caer funcionarios con muchos años de servicio y hasta con enfermedades crónicas. Más que ajuste, parece borrón y cuenta nueva: de los 22 directores que arrancaron la gestión, hoy apenas quedan cinco.

En la semana previa al asueto de Carnaval, en la cueva de la 5 de Mayo se espera que la Comisión de Credenciales finalmente se digne a cerrar el primer debate de las reformas al reglamento interno. El punto más espinoso —y el que tiene a más de uno sudando— será el descuento a los diputados que brillan por su ausencia en el pleno. Justo a tiempo para irse de fiesta.

Siguiendo en la cueva de la 5 de Mayo, la semana pasada aprobaron un proyecto de ley que mete la violencia psicológica en el menú de delitos con pena de cárcel. Al mismo tiempo —como para que nadie se duerma— apareció otra propuesta que saca los procesos por femicidio del catálogo de acuerdos de pena.

Me dicen que por los lados de la tierra de Urracá anda un abogado recolectando papeles para traspasarle al Estado una barriada. El detalle es que las calles y el alcantarillado son un desastre monumental. Le mandan a decir a las autoridades que ojo con aceptar ese regalito envenenado: bastante tienen con los problemas de infraestructura como para sumar otros.

El ministerio de las culebritas estrenó nuevas tasas que los comerciantes deberán soltar para obtener el registro sanitario de alimentos para consumo humano: van desde 25 hasta 420 billullos. La norma también cobra las inspecciones, que en el caso de las plantas industriales de sacrificio para exportación llegan a 900 billullos mensuales.

Por los predios del Municipio de Las Tablas, donde en carnavales se aglomera medio mundo, anda sonando una murga, pero de bolsillos vacíos. Al parecer, se quedan sin chenchén, al punto de eliminar dos puestos creados apenas en diciembre pasado: el de trabajador social y el de agrimensor.