Educación para el trabajo

Si queremos que Panamá recupere el tiempo perdido, crezca sostenidamente y erradique la pobreza, necesitamos prioritariamente otorgarle un rol privilegiado a la educación y al entrenamiento profesional de nuestra juventud. Estudios realizados en numerosos países confirman que la educación de los niños y jóvenes contribuye a acelerar las tasas de crecimiento del PIB, incrementa la capacidad de la población para absorber y utilizar nuevos conocimientos, genera mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios y nuevos procedimientos que caracterizan el proceso de crecimiento. Además, la educación promueve la iniciativa y el sentido empresarial en la población. A su vez, una mano de obra entrenada y flexible atrae la inversión al reducir los costos y los riesgos de la innovación.

Pero el tipo de educación y entrenamiento profesional que estamos señalando y que es el que ayuda eventualmente a potenciar a nuestros jóvenes y es el que pone en marcha el proceso de crecimiento sostenido en el país, no se consigue a punta de dinero. Gastar en educación no basta; hace falta tener un sistema educativo que brinde los conocimientos y la capacitación más relevantes y útiles para enfrentar el cambiante y complejo escenario actual.

Detrás de lo que gastamos en educación se esconden graves deficiencias tanto en términos de la calidad del entrenamiento que brindamos en las escuelas como de la pobre relación existente entre la educación y el trabajo. En Panamá, la educación secundaria nunca ha estado vinculada a un proyecto productivo de país que permita el progreso social, intelectual y cultural. El fracaso de dicho proyecto y la grave crisis de talento que nos aqueja requieren sin dilaciones que pongamos en marcha un nuevo esquema de inserción de los jóvenes al mundo del trabajo.

Para ello debemos considerar realizar una profunda transformación del sistema educativo posterior al primer ciclo, desarrollando un sistema de nivel secundario paralelo y orientado a la capacitación y al empleo de los jóvenes. El sistema puede diseñarse a partir de la experiencia que funciona hace muchos años y con éxito en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, cuya prosperidad es atribuida por muchos observadores a la productividad y entrenamiento de su fuerza laboral.

En todos estos países, aproximadamente el 50 % de los jóvenes decide voluntariamente, al terminar el primer ciclo o 9no grado, solicitar un puesto de ‘aprendiz ' en una empresa o comercio y, si son aceptados, se inician en un sistema ‘dual ' de trabajo y de estudio. Típicamente el adolescente reparte su tiempo entre el trabajo y la escuela. Durante este período, los ‘aprendices ' reciben un sueldo que corresponde aproximadamente al 25 % del que cobraría un diplomado del sistema y, en contrapartida, las empresas se comprometen a entrenarlos.

Al final de los tres años, más del 80 % de los jóvenes recibe un diploma profesional que lo califica en el trabajo que haya elegido. En Alemania, por ejemplo, se otorgan diplomas en 400 profesiones diferentes, desde cajero de banco, enfermero, mecánico, guía de turismo, asistente de laboratorio, vendedor, paramédico, etcétera.

El sistema requiere ser organizado en conjunto por el sector privado (a través de los gremios empresarios y de comercio), el Gobierno y los sindicatos. Los sectores privados definen las áreas donde se ofrecerán programas de entrenamiento, diseñan y regulan los programas, establecen los contratos con los ‘aprendices ' y definen los requisitos para recibir los diplomas. El sector público financia la porción educativa del programa y supervisa, a través de una ley de entrenamiento profesional, la calidad del entrenamiento provisto por el sector empresarial y las condiciones contractuales que regulan la relación aprendiz-empresa.

Las ventajas de poner en marcha esta propuesta son evidentes. Se reducen los niveles de desempleo y se asegura una rápida transición de la escuela al trabajo. Así se rompe el ciclo vicioso donde adolescentes que no tienen experiencia, porque nunca han trabajado, no obtienen trabajo, por su falta de experiencia. Además, la educación y el entrenamiento impartido son relevantes y permiten obtener aumentos sustanciales en la productividad y en los ingresos de vastos segmentos de la población.

El Gobierno, a través de sus ministerios de Economía, Comercio y Trabajo, al igual que los diputados de la Asamblea Nacional, debiera dedicar más tiempo en proponer leyes y programas que fomenten riqueza y bienestar a la población. Panamá debe rápidamente orientarse hacia una sociedad del trabajo con fuerte involucramiento de la comunidad y de las empresas, grandes y pequeñas, en la capacitación de nuestros jóvenes.

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