Enemigo público #5: los plaguicidas

La necesidad de mejorar los sistemas de abastecimiento de alimentos ha obligado el uso indiscriminado de plaguicidas en todo el mundo. Los plaguicidas incluyen insecticidas, herbicidas y fungicidas, son compuestos químicos de moléculas complejas, tienen una toxicidad específica elevada, una presión de vapor baja, requieren de manejo riguroso para evitar causar daño a la salud humana y son utilizados para el control de plagas.

Aún cuando el efecto tóxico de los plaguicidas está dirigido a organismos específicos, estos compuestos se encuentran en gran cantidad en el ambiente, lo que constituye una amenaza grave a la salud pública. Los efectos tóxicos de los plaguicidas sobre la población humana han sido motivo de preocupación por muchos años; sin embargo, los mecanismos de toxicidad de la mayoría de los plaguicidas son poco comprendidos a la fecha. Su mal manejo provoca intoxicaciones y su exposición está asociada a un creciente número de efectos crónicos a la salud. Igualmente, estudios clínicos revelan que las personas que ingieren alimentos con alto contenido residual de plaguicidas pueden padecer complicaciones de diarrea, gastritis crónica, intoxicaciones, infertilidad, ceguera, atrofias del sistema nervioso y otros males físicos incurables. Contenido residual se define como la cantidad de plaguicidas que queda retenida dentro de la piel del vegetal después de la cosecha y que, por su naturaleza de permanencia e insolubilidad, es imposible removerlo o lavarlo del alimento.

Existen diversos tipos de plaguicidas y cada uno de ellos posee un mecanismo de acción distinto. Entre los más comunes se encuentran los organofosforados, los carbamatos, los organoclorados y los piretroides. Los efectos tóxicos producidos por los organofosforados y carbamatos se enfocan principalmente en el sistema nervioso, afectando las terminales nerviosas a nivel enzimático. Los organofosforados son altamente tóxicos y se absorben rápidamente por las vías respiratorias y por la piel, así como también por medio de la ingestión. Los carbamatos también son muy tóxicos, y una vez que ingresan al cuerpo se distribuyen rápidamente por el torrente sanguíneo.

Por otro lado, los organoclorados tienen efectos negativos sobre el sistema endocrino, además de ser potencialmente mutagénicos y carcinogénicos, aunque también afectan el sistema nervioso y se acumulan en el tejido graso. Y los piretroides son ampliamente utilizados tanto en la agricultura como en el hogar, y sus efectos negativos incluyen alteraciones en el sistema nervioso y en el sistema inmunológico, además de alteraciones en la piel como reacciones alérgicas y dermatitis.

La lista de plaguicidas utilizados en Panamá para la producción agrícola es extensa. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el 2007 se importaron 443 diferentes marcas de plaguicidas, de los cuales la mitad era insecticidas y el resto herbicidas, fungicidas y abonos. Pero más preocupante fue la cifra de consumo que señala que en Panamá se usa anualmente un promedio de tres kilogramos por cada uno de los 4 millones de habitantes del país. Esa cantidad supera en más de seis veces el promedio mundial y está casi tres veces por encima del consumo del conjunto de países de Centroamérica.

El año pasado se conoció, a través de los medios de comunicación, sobre el derrame de atrazina en el río la Villa, y en la cual las autoridades salieron a minimizar el daño asegurando que el agua del río era perfectamente tomable. Tal vez esta columna no sea el lugar propicio para cuestionar la confiabilidad de la información metrológica suministrada por el Ministerio de Salud y el IDAAN sobre la potabilidad del agua del río la Villa, pero sí es oportuno preguntarnos el porqué en Panamá utilizamos un plaguicida que está prohibido es su país de origen. Atrazina es fabricado en Suiza por Syngenta y está restringido en Europa por su alta toxicidad y capacidad de contaminación de fuentes acuíferas, pero actualmente se exporta al continente americano en cantidades que sobrepasan las 250 millones de libras.

En virtud de la toxicidad de estos productos y la cantidad de muertes que se producen por su consumo residual, sería consecuente que las autoridades depuren la lista de plaguicidas permitidos en Panamá y se aseguren que los mismos no sean una amenaza pública para los consumidores. Todos nos merecemos que se respete el derecho universal a una alimentación segura y exigimos que el uso descontrolado de plaguicidas se analice e investigue hasta las últimas consecuencias.

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