La sensatez frente a la terquedad

H ay una fuerte sensación pública que indica que hay gran terquedad por parte del gobierno en el tema de las reformas a la Ley de Minas. El asunto ha dejado ver las distintas opiniones que se ha formado la ciudadanía, corrientes que forman una especie de arco iris de opiniones. Algunos están en desacuerdo absoluto con el ejercicio de la actividad minera, sobre todo por razonables preocupaciones ambientales. El modo como se explotan estos recursos —se explica— da lugar a la depredación de la naturaleza, sobre todo si se trata de países con pocos y limitados medios para la inspección y la supervisión de las empresas beneficiarias de la concesión. La Humanidad es consciente del impacto de estas tareas, y la reciente experiencia de algunos países incrementa el grado de las preocupaciones.

En esta corriente pueden incluirse los indígenas de nuestro país, siempre pendientes y muy celosos de la protección de las áreas que el Estado ha puesto a su disposición. Para el sector indígena, la delimitación de la Comarca es cuestión de vida o muerte, y sienten que esta delimitación les permite tomar participación en las decisiones que el resto del país quiera adoptar sobre acciones que afecten o que vayan a desarrollase en esas áreas.

Por otro lado, también existe una parte de la ciudadanía que le da más énfasis a la cuestión del desarrollo y del crecimiento económico, y llega a la conclusión de que la explotación de las minas es posible y deseable, siempre que haya medidas de prevención para que el daño ambiental sea el menor posible. Además, hay quienes no ponen reparos a la actividad minera, siempre y cuando no se permita la participación de gobiernos extranjeros, que es un aspecto muy sensitivo que aparece en las reformas recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional.

El gobierno nacional ha ensayado distintas fórmulas para tratar este complejo problema y todas han sido equivocadas. Van desde insistir en la aprobación de la ley, recurrir al desgastado método de acusar a factores externos a los indígenas como culpables de la agitación, hasta interpretar muy mal el sentimiento público, creyendo que basta con prometer que no se va a explotar Cerro Colorado. Pareciera que las autoridades quieren distanciarse del problema que está en el centro de la controversia, y que es la ley que se acaba de aprobar. Pienso que la solución concreta más bien es la contraria: tomar decisiones que tengan que ver con la ley, tal como lo plantean todos los sectores, ya sea que acepten o que no acepten la minería como actividad para el presente o para el futuro.

Al surgir el problema, lo primero que hice, como parte de mi responsabilidad ciudadana, fue plantear que se realizara un referéndum. Sigo insistiendo en este criterio. La ley que se ha aprobado solo debería tener vigencia si un referéndum la aprueba, para que la decisión, sea cual sea, esté realmente respaldada por la mayoría del pueblo. Sé que, con anterioridad, esto no se ha hecho. La original reglamentación integral de la minería se aprobó en 1963, durante la gestión de don Roberto F. Chiari. Luego, se hicieron algunas concesiones, aunque sin permitir la participación directa o indirecta de ningún otro gobierno.

Lo que sucede es que la ley que ha provocado la agitación en el país tiene dos problemas: uno es, precisamente, que permite la participación de otros Estados, lo que ha dado lugar a reclamos en el campo cívico y hasta jurídico. El principal, sin embargo, es otro: la ley se plantea en el año 2011, cuando la conciencia ecológica de la Humanidad ha experimentado un altísimo crecimiento, en una espiral que va creciendo año tras año. En este sentido, Panamá había venido dando muestras de reconocer esta elevación del tono de las preocupaciones ambientales.

Cuando el país estuvo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nos alineamos en contra de la caza de las ballenas y esta decisión dio lugar a grandes reconocimientos internacionales, los cuales recibí con mucho orgullo. Hasta ahora, Panamá iba muy bien, pero de pronto viene este cambio de rumbo, sin ningún mecanismo para que el pueblo pueda pronunciarse. Allí es donde radica la dificultad actual, que solo puede atenderse si la terquedad le abre camino a la sensatez.

*EX VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.