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- 04/03/2011 01:00
¡Vamos bien!
La más grave decepción que puede tener un ciudadano demócrata, es comprobar que su presidente no cumple con el deber de velar por el bienestar común de la ciudadanía y el normal desenvolvimiento del Estado en el logro del ‘fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional’ exaltando la dignidad humana y promoviendo la justicia social, tal como se expresa en el preámbulo de nuestra Carta Magna.
Aparte del despilfarro del Erario Público en compras directas millonarias y onerosas al Estado, que cercenan la capacidad de responder a las reales necesidades sociales del pueblo, el presidente ha cometido una serie de omisiones y fallos en los últimos tiempos, que tampoco pueden dejarse pasar por alto.
Uno fue el caso de los cinco jóvenes privados de libertad que fallecieron por las quemaduras recibidas en un incendio, no provocado por ellos, ante la indiferencia de policías y custodios que, a los gritos de auxilio respondían con insultos y burlas; todo esto sucedía mientras se encontraban bajo la guarda y custodia del Estado. Lo menos que uno puede decir es que el primer mandatario falló gravemente en darles instrucciones precisas a sus ministros de Seguridad y de Gobierno, y al director de la Policía.
Otro ha sido imponer, a través de una Asamblea Nacional controlada por diversos medios de adquisición, una ley impopular, que terminó provocando el levantamiento de trabajadores de la empresa bananera en Bocas del Toro, que había retenido indebidamente los salarios. Al intentar sofocar la revuelta se provocó una situación de caótica represión que se extendió durante varios días, causó muertos, heridos de bala y pérdida de la vista en varias víctimas.
Fiel a su dicho: ‘El que dicta las políticas de gobierno hasta el 30 de junio de 2014, soy yo’ («L’État, c’est moi»), ha insistido en una ley que reforma el Código Minero en un sentido que lesiona la soberanía de la nación; la autonomía y los derechos humanos de las etnias indígenas en especial y de todos los panameños en general, y además dañará grandemente la naturaleza; recordemos que preservarla es una responsabilidad que ha contraído Panamá en diversos pactos internacionales.
Frente a la oposición de la sociedad civil y los pueblos aborígenes afectados, prometió no explotar la mina de Cerro Colorado hasta tanto los últimos no lo soliciten, luego, por arte de birlibirloque, para burlar su propia promesa hizo un acuerdo con un servidor público nombrado por el Partido Arnulfista, pseudo dirigente no reconocido por su pueblo ni por el Tribunal Electoral. Este compromiso firmado con quien no cuenta con la debida legitimación del Congreso General Ngäbe Buglé y de sus autoridades elegidas, según el Tribunal Electoral, con un padrón de 104,646 votantes, contraviene la Ley 10 de 1999, que creó la Comarca, y el Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio de 2010, que él mismo firmó para reformar la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca.
Finalmente, cediendo ante la presión social, sin dar la cara como antes lo hacía cuando buscaba votos, se compromete, con la mediación de la Iglesia, con los indígenas, la Coordinadora y el país a elaborar una ley que prohibirá la explotación minera en la Comarca, pero por otro lado le da la total aprobación al gobierno de Corea, a través de la empresa mixta Kores y sus afiliadas, para explotar la mina de cobre.
Por el derrotero que lleva la forma de gobernar del presidente, no solo coloca a su partido y aliados en el irrespeto a la Ley, sino que además cercena las pocas posibilidades que puedan existir, de reformar la Carta Magna para poder reelegirse según sus planes e incluso puede reducir peligrosamente su legitimidad durante este periodo. Su proceder es el obstáculo más insalvable para lograr sus afanes presuntamente patrióticos.
¡Vamos bien! *EX VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.