La Ley 9, tan mala como la 8 y la 30

El año pasado a tambor batiente, el Gobierno Nacional aprobó la Ley 30 (o Ley Chorizo) y manifestó a los cuatro vientos, que esa era la manera ‘democrática’ de legislar y gobernar. Meses después, en medio de muertos, heridos, represiones y protestas, el Gobierno Nacional se vio obligado a derogar dicha ley que había sido aprobada bajo el sistema de: ‘digan y hablen lo que quieran que yo apruebo lo que me da la gana’. La experiencia no resultó en nada aleccionadora, pues nuevamente en el 2011 aprobaron La Ley 8 relativa a la minería, donde nuevamente apabullaron a la sociedad con una campaña mediática de publicidad engañosa, donde le decían que con la minería a cielo abierto este país iba a estar en el primer mundo y el dinero correría por las calles. No pasaron más de dos meses y nuevamente, en medio de protestas y represiones, el Gobierno Nacional se ha visto en la necesidad de derogar otra Ley que fue promovida ante la opinión pública como lo máximo y pasó por la Asamblea Nacional sin la menor discusión, aunque fuera de las faltas gramaticales, si no querían ir a debatir el fondo.

Igual que estas dos leyes que he mencionado, la 30 de 2010 y la 8 de 2011, la Asamblea Nacional aprobó a tambor batiente la Ley 9 de 22 de febrero de 2011, que dice reformar la Ley 16 de 1995 y la 50 de 2007 relativa al Instituto Panameño de Deportes. Sin embargo, lo menos que tocó esa ley fue al mal llamado Instituto Panameño de Deportes, que lleva dos meses sin darle su apoyo económico a más de 70 atletas que hacen deporte de alto nivel a nombre de Panamá. Pero que sí tiene plata para pasar una semana en un fastuosa reunión con viandas y licores en un hotel en el área de Río Hato, sin conocerse todavía cuáles eran las virtudes de esa reunión con una serie de ministros de deportes de Centroamérica, donde igualmente las instituciones gubernamentales encargadas del deporte, algunas se la pasan buscando la manera de controlar o tomarse el control de los Comités Olímpicos Nacionales.

Las reformas a las Leyes 16 y 50 no buscan otra cosa que tomar el control del Comité Olímpico de Panamá y aplastar la autonomía de las federaciones y organizaciones deportivas que existen en el país.

Nuevamente el Gobierno de Panamá se equivoca, como ya lo había hecho en el año 2007 con el ex presidente Martín Torrijos y Ramón Cardoze, en el afán de pretender controlar al Comité Olímpico y poner a gente dócil y sumisa y debieron entonces aprobar la Ley 50 de 2007, en un intento de preservar al movimiento olímpico panameño y evitar futuras injerencias.

En una reunión que hubo en México en enero de este año, se planteó la posibilidad de cambiar la ley actual del deporte, pero que se debía conocer previamente el documento para revisarlo y hacerle las observaciones pertinentes. Nada de eso ocurrió, por lo menos en la reunión ningún funcionario de Pandeportes presentó ningún borrador y no fue hasta después de la reunión, al día siguiente, que se pudo obtener una copia que demostraba que ese documento no ocultaba el afán del Gobierno por tomar el control del movimiento olímpico panameño, como lo había pretendido hacer el gobierno anterior.

En reciente dictamen del Departamento Jurídico del Comité Olímpico Internacional se advierte que esta Ley 9 de 2011 pretende crear, por encima de la Asamblea General del Comité Olímpico de Panamá, otra organización, cuando este tema debe ser previamente aprobado por el Comité Olímpico Internacional una vez lo determine la organización nacional afiliada, situación que también se aplica para las reformas a los Estatutos. Las prerrogativas que esta ley le da al director general para decidir a su subjetiva discreción, reconozca o no a las Federaciones Nacionales reconocidas por sus Federaciones Internacionales, inclusive revocar su reconocimiento, es una abierta intromisión en la actividad de cada federación o asociación deportiva.

Más que resolver causas de conflicto, esta Ley 9 trae más animosidad y confrontación en el deporte panameño, cuando otra debería ser la tónica del momento y no estar abriendo frentes de batalla en cuanto terreno se involucra el actual Gobierno para imponer a su estilo muy autocrático y autoritario, su voluntad por encima de los demás.

*ABOGADO.