25 de Feb de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

El flujo de la corrupción

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI—FRENADESO.. El atraco a los recursos del Estado se consolida con los procesos de privatización en cualquie...

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI—FRENADESO.

El atraco a los recursos del Estado se consolida con los procesos de privatización en cualquiera de sus manifestaciones (concesiones, tercerización y privatización directa). Este proceso no solo se consolida, sino también se legaliza en el marco de las medidas de flexibilización estatal que impulsa el neoliberalismo, en la mayoría de los países de América Latina. Así se abanica la llamada ‘seguridad jurídica’, dirigida a proteger al gran capital, incluso por encima de los intereses nacionales.

Una de las fuentes principales de acumulación empresarial también se gesta desde el Estado, a través de los proyectos de construcción de infraestructura pública y el desarrollo de megaproyectos.

Pareciera ser, que se construye un nuevo patrón de acumulación detrás de la intervención del Estado. Lo ‘exitoso de la economía no viene por las fuerzas del mercado, sino por la intervención del Estado a favor de la iniciativa privada’.

Grandes empresas constructoras en América Latina sustentan sus ganancias de manera importante en la contratación de infraestructura pública. Frecuentemente este tipo de obras se han relacionado con grandes negocios inmobiliarios; por lo que la obtención o pérdida de un contrato impacta significativamente en las finanzas de una empresa. Por la magnitud de los recursos que se invierten en el ámbito estatal y municipal, por el monto de las inversiones que hacen las diversas dependencias del Estado, la construcción de obras públicas ha levantado cientos de denuncia de corrupción.

En este sentido, para los sectores de poder económico sus vínculos con los poderes del Estado, en especial con el Ejecutivo, constituye parte de sus estrategias de negocios; igualmente, el encontrarse directa o indirectamente en determinados ministerios que canalizan las inversiones públicas, sobre todo las de infraestructura, es parte medular de los acuerdos preelectorales entre políticos y empresarios, constituyéndose los mismos en el flujo de la corrupción desde la esfera pública.

Por ejemplo, en América Latina se han cometido diversos delitos económicos y financieros en los procesos de privatización, en las licitaciones y adquisiciones públicas, en la construcción de infraestructura pública, entre otros. Estos atracos a los recursos de la sociedad, se han acompañado de campañas publicitarias dirigidas a propagandizar las obras públicas, hasta llegar a un estado psicológico que lleva a la poblacional a convencerse de que los gobernantes ‘roban, pero hacen obras’.

Esta falta de ética es la cultura que la mafiocracia ha venido instalando ‘la corrupción es parte de nuestra vida nacional’, donde cada gobierno que ha estado en el timón de mando, ha estado vinculado, en mayor o menor grado, a hechos de corrupción sin que hasta la fecha, nadie esté pagando condena por el asalto a los recursos del Estado.

La corrupción genera enormes costos para la población, tales como condenar a un gran sector (sobre todo a los más pobres) a no poder acceder a derechos humanos fundamentales, como son la salud y la educación, limitándose su desarrollo integral.

Panamá no escapa a esta radiografía. La corrupción desde lo estatal, está generalizada, legalizada e institucionalizada. ANATI, el último caso en la palestra.

A pesar de los resultados el proceso sigue profundizándose, los llamados ‘padres de la patria’ abanican el proyecto ley que crea el régimen de Asociación Público—Privado, esquema de negocio para la ejecución de grandes proyectos, que permite contratos hasta el 30% del presupuesto de inversión anual de una entidad estatal y el 10% del ingreso anual de los gobiernos locales. Una referencia del 3% del PIB en proyectos de infraestructura y prestación de servicios bajo esta modalidad. Como se ve, los recursos sociales a favor de los intereses privados.

Entendiendo la corrupción como el ‘abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo’, la cual ha sido instituida como práctica de la gestión gubernamental, urge adecentar el país.

Este 15 de octubre caminamos contra la corrupción y la impunidad, plaza 5 de Mayo, a las 2:00 de la tarde, Movimiento de los Indignados.