Privación de libertad

EX PERSONERO MUNICIPAL.

El 10 de octubre de 2011, un joven matrimonio de artesanos de consumo (comidas típicas) que conozco, cotizaba en un almacén de artículos varios, ubicado en El Dorado, enseres de uso en la cocina para un restaurante que quieren abrir en el distrito de Arraiján, razón por la que estaban caminando de un lado a otro observando estufas, neveras y demás utensilios.

El gerente del almacén, quien no los atendió ni se les acercó, sin saber cuál era la finalidad de esta pareja, pues, tampoco ordenó a ningún vendedor que los atendiera, llamó a la policía para que los investigara, porque, según el criterio de ese gerente, su actitud era sospechosa y temía que quisieran hurtar en el almacén; es curioso que tampoco ocupó al agente de seguridad que el propio local tiene para aclarar sus preocupaciones, y cuando la pareja salía del local, personal del DIP los abordó y se los llevaron para investigarlos a su sede.

Su traslado a esa agencia policial coincidió con una investigación que se hacía en la DIJ de esa área, por el asalto a la madre de una fiscal, y el personal del DIP, con muy buen sentido, al verificar que la pareja de artesanos no tenía caso alguno pendiente, que había acreditado de manera legítima los dineros que portaba y que no tenía vinculación con ninguna investigación, dispusieron su salida del recinto alrededor de las 5:00 p.m.

Sin embargo, la delegada de la Fiscalía de esa Agencia de la DIJ, ordenó dejarlos ‘RETENIDOS’ SIN ORDEN ESCRITA, para cuestionarlos con relación al supuesto robo de la madre de la fiscal, al día siguiente. Esto es, que los mantuvo en un limbo jurídico hasta que se presentó poder de representación y petición de libertad a su favor en la mañana del 11 de octubre, corriendo a pedirle al personal del DIP un informe para justificar la privación de su libertad, siendo su sorpresa que lo manifestado por ese personal es que esta pareja no tenía relación alguna con el hecho en que se pretendía involucrarlos.

Después de muchos desplantes y groserías por parte de la DELEGADA, en horas de la noche ésta ordenó que los FICHARAN (registrarlos como delincuentes), antes de emitir las notas de LIBERTAD, que fueron enviadas al encargado de la DIP, quien regresó de su casa a las 8:30 p.m., para que se dejara sin efecto esta injusta privación de libertad, señalando con claridad que ellos, el DIP, no los tenían bajo custodia, pero era obvio que la DELEGADA necesitaba justificar su actuar arbitrario.

Durante su permanencia en la Policía Nacional, cortesía de la DELEGADA de Instrucción, esta joven pareja artesana y comerciante tuvo que dormir sentada en sillas plegables, en la Sala de Guardia y cuando regresaban de ser fichados por los diligencias funcionarios de la DIJ, los esposaron para exhibirlos en ese estado delante de sus familiares y extraños, humillación innecesaria, pues son personas de bien, tampoco se les recibió declaración o indagatoria.

Además, esa privación de libertad casi les cuesta una demanda del Estado en su contra, pues habían ganado una licitación pública en un ministerio donde debían entregar mercancía antes de las 4:00 p.m. del martes. Afortunadamente, el esfuerzo de familiares y amigos logró evitar el fracaso en ese esfuerzo comercial que esta humilde pareja estaba haciendo para procurar el sustento de su familia.

Es necesario indicar que, tanto las unidades policiales del DIP como los que estaban de turno en la Sala de Guardia, coincidían en la innecesaria, injusta e ilegal detención de esta pareja; sin embargo, no podían dejarlos ir, porque tenían que esperar las órdenes y decisiones que tomara la diligente DELEGADA DE INSTRUCCIÓN.

¿Este incidente es o no una violación a los Derechos Humanos? Me agradaría saber si habrá investigación de oficio por esto, si pretenden exigirle a los afectados que concurran a presentar la denuncia respectiva y si esta conducta es reiterada por parte de esa funcionaria... Con funcionarios así, en el campo de la justicia, vamos bien...