Justicia e impunidad

Las secuelas de la dictadura están presentes. Las injusticias, la impunidad, la violencia, las drogas, las armas, la falta de valores, aun persisten. Muchos de los que nos gobiernan fueron producto de una juventud que fue deformada, que no conoció la libertad, sino la sumisión, el juegavivo y la corrupción. Hoy, como un fantasma, reaparece el último de los dictadores. Lo han castigado en las cárceles del mundo y aquí aun no ha saldado la deuda que tiene con el pueblo y la historia. No es cuestión de odio ni perdón, ni clemencia. Es JUSTICIA lo que se pide.

Cierto que el exgeneral Noriega (fue degradado) fue el más grotesco, cínico y soberbio. Pero todos los oficiales de los estados mayores de la dictadura tienen responsabilidad de todas las violaciones de los Derechos Humanos. Todos fueron cómplices, no solo de los enriquecimientos ilícitos, de las desapariciones, asesinatos, torturados y exilios, sino de convertirnos en un protectorado de USA (Tratado de neutralidad), lo que ofende la soberanía, por la que luchó el pueblo por tantas generaciones. Se exige esa justicia para las valiosas vidas de valerosos ciudadanos que dejaron a sus familiares sin recursos con que sostener sus hijos, las pérdidas materiales, sus bienes liquidados para poder sobrevivir el tiempo de trabajo perdido sin ingresos, el sufrimiento de una patria herida, el desprestigio de la carrera militar.

Hoy reaparecen voces pidiendo que los perdonen, sin tomar en cuanta a los cientos de personas que ellos avasallaron. Muchos que permanecen aun fuera del país, (los González Santizo). Otros que murieron, Hugo Víctor (comunista) Gonzalo Méndez Franco (panameñista), Thelma King, Cesar Duboi, Humberto Harris. Otros que claudicaron, Manuel Solis Palma, Jorge Turner. El partido que la dictadura creó aun no se ha hecho la autocrítica ante la historia por los 20 años de dictadura. Si bien ha intentado modernizarse, aun persiste el control de los enriquecidos que mantiene sus mismos vicios de antes, aun persiste el juegavivo, la corrupción; y es más, la han contaminado a otros partidos donde se han infiltrado. Se ha hecho, de facto, un borrón y cuenta nueva con los mismos personajes y lacras en el actual gobierno, sin tomar en cuenta a las víctimas, los daños y perjuicios ni indemnización. Ni siquiera han pedido perdón. Lo tuvo que hacer Varela a nombre del Estado. El código del silencio por temor o complicidad se mantiene. Conservan sus fortunas robadas, sus propiedades, sus negocios. Y aun pretenden dar clases de democracia, regalan bustos con bronces de muy probable ilegal procedencia.

La Comisión de la Verdad (Almanza), la Organización de Desaparecidos (Padre Sanjur), Dirección de Responsabilidad Patrimonial (Lombana) han cumplido una etapa, pero la impunidad ha hecho que las fiscalías especiales, la Procuraduría, hayan sido absolutamente inoperantes. Sus mismos cómplices son los que solapadamente han ocultado pruebas, investigaciones y denuncias, para justamente hacer lo que ahora intentan, olvidar, trayendo al asesino en época de fiestas para que no se note su llegada.

El pueblo saldrá a la calle en cualquier momento para recordarle a los que intenten otra dictadura, que aquí eso no se repetirá NUNCA JAMAS. Las acciones tienen que ser preventivas, sancionarlos enérgicamente y obligarlos a pagar indemnizaciones y devolver los dinero y bienes robados al Estado.

La reactivación de todos los juicios y denuncias, tomando en cuenta el concepto de que los delitos contra los Derechos Humanos no prescriben ni otorgan la casa por cárcel, tenemos que hacerlo valer ahora. Si no, los organismos internacionales lo harán. Cosa que ya ocurrió. Ni siquiera han tenido el valor de decir dónde botaron los cadáveres de los desaparecidos. Los oficiales que han pasado agachados y han estado libres participaron de esos crímenes y conocen los detalles. Negarlo es absolutamente inaceptable. Todos esos oficiales y funcionarios de la dictadura deben ser investigados y expropiados sus bienes malhabidos, no solo para indemnizar a sus víctimas, sino también para devolver los bienes robados al Banco Nacional, la Caja de Ahorro, la Caja del Seguro Social y el pago a las deudas multimillonarias que le dejaron al pueblo. Los campesinos, indígenas, panameñistas, estudiantes universitarios, aun comunistas y perredés, que fuimos las víctimas, merecemos JUSTICIA y sobre todo que no continúe la impunidad. Darle al asesino Noriega la casa por cárcel es una ofensa a la historia y a todo el pueblo. Ningún país donde ha estado preso contempló tal posibilidad y ya tenía más de 70 años.

Hacer Justicia a esta vergonzosa situación beneficiará al mismo PRD, que se reconciliaría con el Pueblo y podría llevar entonces a una unidad nacionalista efectiva. Les permitiría también erradicar a las figuras que fueron cómplices de los dictadores y limpiar su cartel de aspirantes corruptos y antidemocráticos. Esa Justicia enseñará a actuales y futuros gobernantes que hay que respetar a todos los ciudadanos y no pretender violar sus libertades y sus derechos,

Probablemente los gobernantes actuales no sufrieron los traumas de la dictadura, pero el gobierno tiene que actuar según los intereses de todos los ciudadanos.

Estas acciones de Justicia deben ser urgentes y sumarias; han pasado 20 años de injusticia y no se puede dilatar más ni tomarlo como una cortina de humo para distraer atención de los ciudadanos. La Cruzada Civilista, los sindicatos, los partidos políticos afectados, los estudiantes, los familiares de los desaparecidos torturados, perseguidos y todo el pueblo tienen ahora que enérgicamente exigir Justicia.

MÉDICO Y EXMINISTRO DE ESTADO.