La universidad y las nuevas reglas

El rector convocó al Consejo General Universitario en diciembre de 2011, con el fin de presentar ‘Propuestas encaminados a racionalizar la estructura del personal académico y administrativo’. Tales propuestas, parten por reconocer el ‘creciente desequilibrio entre la matrícula estudiantil, que en los últimos años ha descendido, en tanto la cifra de profesores y empleados administrativos se ha incrementado’.

Este abultamiento de la planilla, según el proponente, se debe básicamente a que para jubilarse no es obligante la separación del puesto de trabajo, conforme a las normas legales vigentes.

Con este enfoque aprobaron que los docentes, aún jubilados, puedan prestar sus servicios hasta la edad máxima de 75 años, mientras que los trabajadores administrativos que se han jubilado a los 57 años las mujeres y a 62 años los varones deberán ser separados de sus puestos.

Aquí podemos apreciar que la medida además de ser injusta y discriminatoria, podría dar cabida a cuestionamientos sobre su legalidad. Lo correcto hubiera sido haber elevado una consulta jurídica a la Procuraduría de la Administración para tener mayor seguridad que lo actuado se hace con apego al derecho.

En el pasado, los órganos de gobierno universitarios han aprobado acuerdos en materia laboral que han sido impugnados legalmente, costándole elevadas sumas de dinero del presupuesto a la Institución.

No obstante, aprobaron excepciones a las reglas anteriores relativas a la permanencia laboral. En el caso de los docentes, bajo la figura de profesor Emérito, se podrán contratar a profesores con 75 años o más ‘de excepcionales méritos académicos’, que no podrá ser más de 50 educadores.

En cuanto al personal administrativo que se haya acogido a la jubilación, podrá ser contratado mediante servicios profesionales, ‘en caso de necesidad’.

Aunque estas excepciones sean reglamentadas, lo cierto es que dado el régimen centralizado de la universidad donde el rector goza de amplias atribuciones y preponderancia, los escogidos para permanecer en la institución, podrían convertirse en un selecto grupo de privilegiados por la discrecionalidad de la autoridad.

Estas llamadas medidas de racionalización no abordan las causas reales de la problemática de la universidad, expresada en el agotamiento de un modelo de gestión académico y administrativo.

La drástica y preocupante disminución de la matrícula en las diferentes carreras representa la ineficacia del actual modelo institucional. En el 2003 teníamos unos 74 mil estudiantes y ahora contamos con menos de 50 mil.

Esto debiera provocar la convocatoria de un gran debate con la participación de todos los estamentos universitarios, los egresados y la comunidad nacional, de manera que concluya en la necesidad de una urgente renovación integral, novedosa y democrática de la mayor casa de estudios superior.

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ