Reelección e inmunidad

Las primeras escenas del guión comenzaron a rodarse la semana pasada con el comunicado difundido por el gobierno nacional, pagado con dineros de todos los panameños. El anuncio aseguraba que al presidente Ricardo Martinelli le estaba vetado entrometerse en las decisiones de otros órganos del Estado y que era incapaz de desobedecer una orden de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo obligaba a darle cumplimiento en forma inapelable a la creación de la Sala Quinta de Garantías Constitucionales, como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los asesores legales de Martinelli desconocieron que el fallo de la CSJ de enero del 2011, que declaró inconstitucional la eliminación de la Sala Quinta por parte del Órgano Legislativo, violaba los códigos Civil y Judicial, porque una ley derogada no puede ser revivida por un fallo y menos darle efecto retroactivo.

A continuación, el mandatario puso en marcha las escenas consecutivas de la trama, al promover que diputados del CD presentaran el proyecto de ley para crear la Sala Quinta. El proyecto debería aprobarse antes de que Martinelli regresara de su viaje a Davos, Suiza, donde vendió espejismos y dijo que le daba risa que lo llamaran autoritario.

Pero la firme posición de diputados opositores y del chantaje de algunos de su propia bancada que exigían mayores prebendas a cambio del voto, dilataron la aprobación. Se puso en escena, entonces, el plan de contingencia. Martinelli le pidió al magistrado Alejandro Moncada, su amigo íntimo, que le indicara en público que el Ejecutivo debía nombrar los tres magistrados de la Sala Quinta.

El escenario elegido no pudo ser más vergonzoso. Se produjo durante la entrega de la propuesta de reformas constitucionales, resultado de seis meses de trabajo de una Comisión de Notables, entre las que se planteó la creación de un Tribunal Constitucional con atribuciones más pertinentes que las de la Sala Quinta.

Sin prestarle atención a la propuesta de los notables, el mandatario rechazó en forma tajante la creación de un Tribunal Constitucional, porque podría abortar su proyecto reeleccionista, como le ocurrió en Colombia, con una instancia similar, a su amigo Álvaro Uribe.

Acto seguido Martinelli aplaudió de inmediato ‘las instrucciones’ de Moncada para reactivar la Sala Quinta. El mandatario no pretende mejorar la administración de la justicia. Desde el primer día de su gobierno ha hecho lo que le da la gana con las leyes, las normas jurídicas y la Constitución Política.

El nombramiento de los tres magistrados que conformarán la Sala Quinta es una decisión política, que esconde las ambiciones reeleccionistas y busca lograr inmunidad prolongada ante la larga lista de escándalos de corrupción.

La creación de la Sala Quinta, era una decisión consumada con mucha anticipación. Desde el año pasado el Ministerio de Salud le había cedido tres pisos al proyecto y el Ministerio de Economía y Finanzas le había asignado $1.4 millones en el presupuesto del 2012.

El absolutismo martinellista ya no disimula sus excesos. La crisis institucional que venía arrastrando el país, se suma ahora a la crisis política que se profundiza en la medida en que Martinelli actúa en contracorriente de la opinión ciudadana. No hace una clara lectura del mensaje que le están enviando los panameños, a quienes se les cayó la venda y rechazan su estilo cada vez más autoritario.

La sed de concentración de poder y lograr a toda costa la reelección inmediata para mantener su inmunidad y blindarse para no rendir cuentas ante la justicia, lo está llevando a un escenario fuera del guión de su película.

Su concepción de que el poder real está en su capacidad de imponer su voluntad contra cualquier oposición para intimidar a todos, es parte de un libreto de implicaciones impredecibles. Un jugador no es capaz de ganar permanentemente todas las apuestas. La alternativa es la restauración de un modelo de sociedad que pueda construir un proyecto de convivencia colectiva, tolerante, equilibrada y pluralista.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.