Un robo sin poner las manos arriba

Los países crecen con respuestas sociales cuando sus ciudadanos contribuyen de manera pujante y desinteresada con el desarrollo de los mismos. Admiro la historia, en otros países, cuando sus empresarios, negociantes y comerciantes hacen lo suyo para prosperidad de todos, generando mejor calidad de vida con identidad. Así, sin romanticismos ni sentimentalismos, tendríamos una gran empresa nacional, donde el ojo ve y también siente.

Cuando me decidí a residir en Panamá Oeste, lo hice observando a los transportistas muy unidos, pero no era así, porque apenas sus unidades de transporte cruzaban o bajaban del puente de las Américas, se transformaban en ciegos y sordos, sin iniciativas para garantizar seguridad a sus pasajeros, llevándolos hasta un lugar donde antes sirvió como estadio para disciplinas deportivas en Barraza.

A diario robos, asaltos, balaceras, incomodidades y un permanente estado de incertidumbre para poder llegar a sus destinos, en virtud de un ineficiente sistema de transporte colectivo urbano.

Cuando el gobierno de Pérez Balladares desempolva un viejo estudio japonés de terminales de pasajeros para rutas urbanas, semiurbanas e interprovinciales, me sumé, en condición de mi profesión, a apoyar esta iniciativa por las experiencias obtenidas en mis viajes al exterior, sobre todo al pacífico asiático, donde la calidad de vida tiene un especial significado para un ser humano.

Por ello, es difícil creer en la existencia de empresarios que, sin invertir un centavo, transfieren sin piedad a los usuarios de un servicio público costos de peajes y todavía se arropan en el concepto de empresa privada.

Al grano. Leí, escuché, que se ha aumentado cinco centavos más por un peaje en la ya famosa Terminal Nacional de Transporte, pese a que desde hace 12 años se está cobrando cinco centavos de manera ilegal, disminuyendo el salario de los trabajadores. Eso es, si nos suben la carne, la leche, el pasaje, la carne de puerco, los mariscos, pagas ahora el 7% de ITBM, tienes que comprar la tarjeta del Metrobús con su aumento y viene el costo del Metro, no hay mejor evidencia que la disminución del salario del obrero.

Cuando surgió la idea gubernamental, hubo quienes sustentaron que la empresa privada podría realizar la obra de una terminal y, como resultado de ese compromiso de Estado, se concedieron propiedades estatales de Albrook a precios irrisorios para su construcción. Quienes lucharon por esas tierras, quizás se sientan orgullosos de esa contribución para otras generaciones de disfrutar de una terminal de forma gratuita, porque con su sangre y lucha generacional ya ellos aportaron su contribución.

Sin embargo, la idea de los 00.5 centésimos de peaje se concibió desde el punto de vista de un seguro de vida colectivo, con cobertura para todos los usuarios en un radio de 500 metros a la redonda, contribuir con el aseo y temas de mantenimiento. No recuerdo, haber escuchado que era par compensar el aumento de los salarios mínimos de una empresa que se ha quedado sin creatividad, porque de ser así cada dos años el peaje aumentaría y el argumento sería la inflación y otras adversidades económicas financieras.

Habría que investigar si ese seguro colectivo de vida está al día y si tiene cobertura para todos o sólo cubre a los directivos de esa empresa de marras.

Igualmente, habría que investigar si esa terminal de transporte es un servicio público o un servicio privado monopólico, porque las reventas de tierras y espacios construidos están por metro cuadrado por las nubes, en comparación con la venta real que se hizo tomando en cuenta el interés social. Además de que las calles adyacente las construyó el Estado, con los impuestos del pueblo, incluyendo un puente de casi 25 millones de dólares que correspondía a la ampliación de la vía Aguadulce-Santiago, el Corredor Norte y las calles paralelas con el aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Por eso, sustento que esa obra es producto de un financiamiento bancario, que se está pagando con dinero de los usuarios y no del bolsillo de empresario alguno, pero cuyas utilidades que genera precisamente no son para los usuarios sino para otros.

La Defensoría del Pueblo debe jugar un papel importante en revisar ese pacto social y denunciar con firmeza, porqué allí no se puede protestar con libertad. ¿Por qué un ente, como es la ATTT, no puede hacer valer su autoridad de lo inconsulto que es el pago de 0.10 de peaje, cuando a juicio de muchos panameños es un atraco sin poner las manos arriba sino en los bolsillos?

PERIODISTA