¿Honestidad y transparencia?

A tres años de gobierno, muchos han visto perecer sus esperanzas de lograr un Panamá con mayor equidad, paz social, convivencia ciudadana y menores niveles de corrupción.

Producto de ello, durante la pasada Cita Eucarística, Monseñor José Domingo Ulloa exteriorizó el descontento ciudadano; por los constantes sobresaltos y confrontaciones a que se ve sometida. Situación generada en gran parte por el conflicto de intereses personales y políticos que se anteponen a la urgente necesidad de resolver los apremiantes problemas de la población.

Por otro lado, diversos actores sociales (organizaciones ciudadanas, gremiales y empresariales), han mostrado su inquietud frente a la ausencia de acciones coherentes que reflejen interés de los políticos (gobierno u oposición), por propiciar leyes claras y transparentes.

Frente a este hecho, la última encuesta de opinión de Dichter & Neira, publicada en mayo, revela que el 67.4% de los consultados desaprueban la gestión legislativa. El 75% no aprueba la segunda vuelta electoral, el 81.9% está en contra de la reelección inmediata y el 50.1% está en desacuerdo con que se aprueben las Reformas Electorales.

La opinión emitida por esta muestra representativa, evidencia con claridad la poca credibilidad de la ciudadanía en el Órgano Legislativo. Percepción fundamentada en el histórico y desafortunado comportamiento oportunista de diputados, que negocian las necesidades de sus electores a cambio de prebendas personales o partidistas, sin importar su compromiso con los votantes.

Otros acontecimientos que reflejan la crisis de principios y valores a la que se enfrenta la sociedad, y que socaban la institucionalidad del país, son: la profundización del clientelismo político (si no estás inscrito en el partido gobernante, no tienes derecho a nombramiento), quebrantados los preceptos constitu cionales. El deficiente rendimiento de cuentas y poca transparencia, amén de la comprometida independencia del Órgano Judicial para impartir justicia y emitir fallos oportunos.

Al escenario de disconformidades, se unen las protestas de diversas organizaciones de trabajadores (portuarios, salud, etc.), por obtener mejoras laborales y salariales, además de demandar del gobierno respeto a los derechos gremiales y sindicales.

Tal es el caso de la nueva administración de la Caja de Seguro Social, donde, después de dos años, continua la necesidad de lograr una gestión eficiente, efectiva y oportuna. Que dote de medicamentos y equipo médico quirúrgico. Que actué con transparencia, de cara a los intereses de los asegurados, sin privatizaciones disfrazadas de externalizaciones, beneficiando a allegados al poder.

Los gremios de salud vienen manifestando su desaprobación a la práctica de nombramientos administrativos políticos con jugosos salarios; mientras se requieren médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores en áreas prioritarias, para asegurar los niveles de bioseguridad, y no se repitan lamentables experiencias como la KCP, aún sin clarificar.

Incomprensible, después que altos ‘dignatarios’ del gobierno firmaron con la coordinadora de la dirigencia gremial acuerdos de finalización de huelga en el 2011, nuevamente entran en conflictos por incumplimiento de los compromisos pactados.

Frente a estos hechos y de cara a nuevas elecciones en el 2014, la ciudadanía debe asumir con responsabilidad y reflexión una actitud beligerante, que permita mediante un análisis profundo visualizar figuras con probidad, independientemente del colectivo político, para dirigir el rumbo de esta Nación.

ECONOMISTA Y EDUCADORA.