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25 de May de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Colón... despojo a sangre y fuego

‘ Despojo’ se define como privar de lo que se tiene en general violentamente; mientras que usura, es cualquier ganancia excesiva que se ...

‘ Despojo’ se define como privar de lo que se tiene en general violentamente; mientras que usura, es cualquier ganancia excesiva que se obtiene de algo.

La nueva Ley 72, que permite las ventas de la Zona Libre de Colón, se une infamemente a las tristemente recordadas Reformas al Código Minero, la Ley 30 (Ley Chorizo), Ley 54 (Reformas electorales), junto las derogadas Sala V y Asociaciones Público-Privadas, constituyen el ejemplo clásico del desgobierno. Con un 78% de rechazo ciudadano, según algunos sondeos, fue impuesta en el tercer debate más corto de nuestra historia, 37 minutos que culminaron con la lapidaria frase ‘Vayan a llorar al cementerio’ y efectivamente así fue.

Colonenses indignados manifiestan su ira ante la imposición, marchan, cierran calles, una policía pobremente entrenada en el uso racional de la fuerza sale a la calle con órdenes de ‘restablecer el orden’, las tensiones se desbordan, comienza la represión y con ella el caos, aprovechado por facinerosos para cometer fechorías. Las bombas suceden los perdigones y a estos las balas, que no distinguen entre protestantes, periodistas, delincuentes o policías.

Como resultado, según algunos medios, un angelito de nueve años ha muerto, alrededor de 30 personas han resultado heridas. De los seis heridos de bala, cuatro son agentes de la Policía Nacional (PN), que se enfrentaron con personas que les hacían disparos desde callejones y balcones de la conocida casa Wilcox, de la calle 10 y avenida Central. Se realizaron entre 80 y 200 detenciones, dependiendo de la fuente. Tres almacenes y dos estaciones de gasolina fueron vandalizados.

La Ley 72 adolece claramente de vicios de inconstitucionalidad, ya que permite desafectar rellenos públicos, acto explícitamente prohibido en el artículo 258 de la Constitución. Los diputados también tienen responsabilidad, pues el artículo 163 prohíbe crear leyes que contraríen la letra o el espíritu constitucional.

Esta crea un fideicomiso, que permitirá la administración del 35% de los activos provenientes de los ingresos extraordinarios, por la venta de los bienes inmuebles de la ZLC, para proyectos de interés social Colón. De los ingresos ordinarios, el 20% se usará en infraestructuras de la propia ZLC y el 80% será para gastos operativos, como los salarios y el resto a las arcas Gobierno Central.

Los fondos del fideicomiso, según el encargado de Comercio, Luis Camacho, serán de unos $337 millones en los próximos 10 años, más otros tres millones por el 1% del impuesto de transferencia de bienes muebles. En otras palabras, luego de agotarse los fondos, el Municipio de Colón casi no recibirá NADA, aparte de la generosidad de los comerciantes, nuevos dueños privados de su antiguo patrimonio público. La generación de colonenses del año 2023 será más pobre de lo que son ahora.

Y es que la ciudad respira decadencia y transpira desesperanza, sus calles sucias, edificios derruidos, cerca de 300 casas abandonadas, 5700 condenadas, bancas rotas, indigencia y un repunte del pandillerismo, que la gestión del destituido subcomisionado Nelson había conseguido disminuir.

De 1990 al 2010 la población de la ciudad decreció un 36% en Colón Centro, 32% en Barrio Norte y 42% en el Sur. Colón aporta el 15% del PIB, unos $4000 millones para una población de 250,000 habitantes, por lo que artificialmente ostenta el segundo mayor ingreso promedio mensual por hogar, con $873.90, siendo el territorio de mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del país.

También tiene la mayor tasa de desempleo, con el 8%. Realmente, según el sociólogo Marco Gandásegui, el 1% de las personas en la provincia atlántica (es decir, 2,500) captura el 40% (cerca de mil millones y medio de dólares) de todos los ingresos provinciales. Esos ingresos vienen de negocios asociados con el Canal, la ZLC, puertos y los negocios relacionados con las operaciones bancarias, de seguros y afines.

La ZLC tiene 1064 h de extensión. Entre 500 y 600 están ocupadas en la actualidad, incluyendo 91 h del casco viejo, 215 France Fild, 220 Coco Solo, 121 Coco Solito, 288 aeropuerto, 83 parque logístico, 27 Davis, 4.6 20 de Diciembre, 6 Isla Margarita. Alrededor de 400 h no tienen actividad actualmente. Una parte ya está siendo desarrollada y de 200 a 300 están sin uso comercial.

El avalúo final es una interrogante que debió clarificarse antes de aprobar la ley. El gerente de la ZLC, dijo que en la zona más cara —el casco antiguo— se vendería el metro cuadrado a $400; sin embargo, un avalúo encargado por el MEF determinó que los terrenos en el casco antiguo tenían un valor de $1,925 el metro cuadrado. Los 400MM corresponderían al 21% del avalúo y el 35% del fideicomiso sería solo el 7% del valor tazado.

Obviamente si se elevara el canon de alquiler un 10% anual y este se dedicara íntegramente a Colon por los próximos cinco años pasaríamos de 33 millones a 48 millones que representarían más de 400 millones en 10 años superando al fideicomiso con la diferencia de que este canon sería indefinido.

Ahora, ¿cuál es la verdadera razón de imponer tan impopular proyecto?, los motivos no están en Colon sino en Panamá.

Definitivamente estamos en un ciclo económico expansivo, nuestros ingresos totales de junio de 2011 a junio de 2012 aumentaron 16.8%, lamentablemente los gastos totales también se incrementaron en 18.7% dejando un déficit de 950.6 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó en el presupuesto de este año una partida de $400 millones de ingresos de capital. En esta partida se contemplaba la entrada generada por las primeras ventas de los terrenos de la ZLC y por la participación estatal en Cable & Wireless, lo que originó recortes.

Para el 2013 tenemos un monstruo de B/16,268 millones, que representa un aumento de 12.6%, comparado con el presupuesto ley de 2012, para alimentarlo necesitan recursos. Ya nos endeudaron en tres años más que en los 15 años anteriores, la salida racional sería ahorro y contención del gasto público, pero en tiempos de locura vender nuestro patrimonio les resulta una mejor opción.

MEDICO-MEDIADOR-DERECHOS HUMANOS.