Posiciones radicales

Durante los últimos días han hecho crisis posiciones encontradas de gobiernos, grupos políticos y ciudadanos, en Panamá y en Estados Unidos, debido a medidas tomadas por los respectivos gobiernos con el anunciado propósito de resolver deficiencias en la provisión de servicios de salud a sus ciudadanos. Esos enfrentamientos han tenido ramificaciones más complejas, afectando negativamente otros aspectos del diario vivir de muchos ciudadanos tanto allá como acá.

El problema en el país del norte nace de inequidades en los servicios de salud, cubierto primordialmente por aseguradoras privadas, que el programa del presidente Obama trata de resolver mediante el paquete de medidas conocido como Obamacare. Consiste en un programa reformador, aprobado hace tres años pero que será cumplido totalmente en un periodo de siete años, que pretende, entre otras cosas, ampliar la cobertura de los seguros de enfermedad a riesgos no cubiertos hasta ahora y también incorporar como beneficiarios a más de 30 millones de ciudadanos, cuya capacidad económica no les permite sufragar los costos de primas de seguros médicos y, por tanto, se encuentran desprotegidos.

La confrontación surge allá cuando legisladores republicanos entienden que los costos del programa son excesivos, recargando el presupuesto nacional más allá de lo sostenible; y también incorporan al duro pugilato político el escabroso tema del límite a la deuda pública, estimada hoy en bastantes millones de millones de dólares. El asunto es sumamente complicado; tiene muchísimas repercusiones, como el cierre inmediato de muchas oficinas y actividades de casi un millón de empleados públicos, e incluye amenazas catastróficas como la impensable cesación de pagos de la deuda pública de esa nación y la reducción de la capacidad defensiva de sus fuerzas armadas.

El presidente Obama rehusaba, hasta la semana pasada, cualquiera negociación con legisladores republicanos, que signifique sacrificar aspectos relevantes de su paquete reformista. La crisis ha continuado, aunque muchos no la toman tan en serio y vaticinan un desenlace concertado.

En nuestro país, proporciones guardadas, ha estado ocurriendo algo similar cuando el Ejecutivo se ha enfrentado a los gremios médicos, y de salud en general, en razón de la aprobación de la Ley 69, cuyo aparente principal espíritu es permitir la importación de médicos especialistas extranjeros para laborar en áreas del interior, especialmente, aquellas de difícil acceso. Aunque el propósito es aparentemente loable, muchos ven esa medida como una política equivocada que no resuelve el problema de la asistencia médica deficiente que existe en la actualidad, como tampoco garantiza la calidad de un servicio brindado por galenos extranjeros con dudosa formación profesional.

En contra de la Ley 69 se alega que el problema inmediato se resolvería sencillamente dotando de insumos médicos, en calidad y calidad suficiente, a todas las infraestructuras hospitalarias y centros de salud del país, y estimulando con remuneraciones apropiadas la prestación de servicios en aéreas inhóspitas por galenos panameños.

Lo cierto es que, mientras exista el estancamiento provocado por las posiciones encontradas, miles de pacientes sufren la falta de atención oportuna por la paralización de muchos de los servicios médicos normales, sobre todo citas esperadas por mucho tiempo y los controles programados, que afectan de manera más cruda y cruel a personas humildes y de menos recursos que no pueden acudir a servicios médicos privados.

La única realidad de ambos conflictos es que nada se resolverá con mantener posiciones radicales, intransigentes y sordas al clamor de ciudadanos indignados y hartos de discusiones que amenazan la paz que todos nos merecemos. Muchos nos preguntamos si las medidas del gobierno darán buenos resultados, o si no habría alternativas más efectivas y menos problemáticas. Nos exigen sacrificios, pero ¿a qué costo?

EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.