Unidad y firmeza frente a la violencia institucional

Frente a la barbarie gubernamental la lucha de las organizaciones sociales sigue. Nuestros esfuerzos en defensa de los derechos de la clase obrera y del pueblo humilde se mantienen en diversas trincheras nacionales e internacionales.

Tres meses después de la profunda represión, los abusos, la tortura, encarcelamiento y asesinatos sufridos por el pueblo de Bocas del Toro, la Coordinadora de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) presentó un informe sobre las graves violaciones cometidas por el Gobierno (Operación Omega de la Policía Nacional) durante las protestas sociales contra la 462, el memorándum de entendimiento, la minería y los embalses. Un documento claro con más de doscientos testimonios desmonta las mentiras de Mulino y sus ministros sobre la situación vivida en la región, en las comunidades indígenas y afrodescendientes. El documento también pone en evidencia la complicidad con la bananera para despedir a miles de trabajadores, pues la empresa venía trabajando su reingeniería y para ello era necesario el despido de trabajadores sin reconocimiento de sus prestaciones sociales, tal como luego se evidenció con el acuerdo de “reapertura”.

Las denuncias del terrorismo de Estado del gobierno panameño se han puesto en el tapete, en diversos eventos internacionales. En Chile, en el marco de la reunión Latinoamericana de Energía, se denuncia la grave situación que vive el pueblo panameño por las agresiones de Trump en cuanto al Canal y la sumisión del gobierno panameño que permite un memorándum de entendimiento para justificar la presencia militar norteamericana en el país. Sitiespa-Conusi denunció la violación a los derechos laborales, “se criminaliza la lucha, se persigue como política sistemática a la dirigencia sindical, siendo el Suntracs una de las organizaciones que más han sido acosados y perseguidos, no sólo por la vía legal, sino también vía campañas en los medios de comunicación tradicional. Se enumeró todas las violaciones, desde impedir las inscripciones sindicales, cierre de cuentas, entre otras, que no solo golpea al sindicato sino también a los trabajadores” (Ariel Muñoz). De este encuentro surge un pronunciamiento de apoyo y solidaridad a los dirigentes perseguidos por la judicialización de Mulino.

A su vez, en República Dominicana en el marco de la 20ava Reunión de la Regional de las Américas de la OIT, se denunció las graves violaciones de la libertad sindical, derechos laborales y represión en Panamá. Suntracs sustentó cronológicamente los hechos tras quince meses del gobierno de Mulino, denunciando un muro de intransigencia del gobierno hacia los derechos laborales y la libertad sindical, situación que ha colocado al país en la deplorable lista de los 25 países con mayores violaciones a la libertad sindical de la OIT. Denunció que el Gobierno se ha empeñado en la disolución del Suntracs y de la Cooperativa de los Trabajadores, algo que jamás ha ocurrido en los 122 años de nuestra República. Demostró la persecución contra los compañeros Saúl Méndez, Erasmo Cerrud, Genaro López y Jaime Caballero, perseguidos y detenidos políticos. El estado de lawfare que impone el Gobierno. La representación sindical Suntracs-Conusi “solicita a la OIT que este evento contribuya a crear un clima de paz y diálogo en Panamá, el cual es necesario para iniciar las negociaciones de la Convención Colectiva” (Yamir Córdoba). Agradecemos la solidaridad y respaldo de las organizaciones sindicales con las causas y la lucha del sindicalismo panameño.

Mientras el movimiento sindical demuestra unidad, firmeza, dignidad y compromiso en defensa de derechos, el Gobierno sigue inmerso en escándalo de corrupción, autoridades que justifican utilizar la plataforma oficial-nacional dentro y fuera del país para alcanzar sus negociados, autoridades incompetentes que no se inmutan ante el marcado deterioro de la infraestructura de planteles y hospitales que ya da como resultado de humildes panameños, y persisten en el mundo de lo ficticio a lo que destinan miles de millones de dólares mientras que recortan drásticamente el presupuesto de los sectores que deben garantizar desarrollo nacional y social.

No extraña, entonces, que, en una nueva medición a través de encuestas, Mulino y su gabinete son evaluados como el peor Gobierno de la historia del país. 76,3 % desaprueba su gobierno señalando que no representa los intereses de la mayoría, que no resuelve los principales problemas sociales, que se caracteriza por lo dictatorial. Sí, dirá Mulino que no le interesa, que su gobierno es empresarial, o sea que responde a menos del 1 % de la población (al gran capital financiero-bancario, transitista, rentista, oligopólico, minero, importador). Un gobierno que goza del respaldo de los medios tradicionales, que no informan, que no preguntan, ni cuestionan sobre los temas nacionales de interés social. Se suma la fuerza represora.