Alcaldesa Irma Hernández celebra avances en investigación por presunta lesión patrimonial en San Miguelito

Hernández declaró que estaba ‘contenta’ que las denuncias que se efectuaron en su administración alcaldicia están tomando forma.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reaccionó positivamente este lunes 3 de noviembre al secuestro de los bienes ordenado por la Contraloría General de la República contra el exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla por un monto de 285 mil 845 dólares 82 centésimos.

Al ser cuestionada de cuánto sería la lesión patrimonial en la Alcaldía de San Miguelito Hernández indicó que aún no se ha determinado, pero aclaró que se trata de una cantidad importante.

Hernández declaró en Telemetro Reporta que estaba “contenta” que las denuncias que se efectuaron en su administración alcaldicia están tomando forma.

Con este escenario Hernández recordó que lo importante era recordar que era un proceso que se mantiene en investigación.

”Estos son algunos avances... nosotros fuimos denunciantes porque encontramos irregularidades y si tiene que haber alguien que sea responsable de todas las falencias y la debilitación” de una institución como el Municipio de San Miguelito.

Hernández recordó que desde el comienzo de las denuncias el personal de la Contraloría General de la República efectúa las auditorias en el Municipio de San Miguelito.

Añadió que su administración también se ha encargado de efectuar auditorias en la Alcaldía de San Miguelito. “Yo prefiero que alguien se haga responsable de como encontramos esa situación”, dijo.

Este 1 de noviembre se conoció que la Contraloría General ordenó el secuestro de bienes a Valdés Carrasquilla.

La medida también incluye a otras tres personas y está relacionada con supuestas irregularidades en la recaudación en una agencia municipal en el 2022, que pudiron haber afectado el patrimonio del Municipio de San Miguelito.

La Contraloría aprobó recientemente una resolución en la que establece la potestad de la entidad de realizar secuestro de bienes a funcionarios o personas particulares que son investigados por lesión patrimonial al Estado.

Lo Nuevo