Cancelan personería jurídica de cooperativa del Suntracs

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac anunció este martes 20 de mayo que se canceló la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs R.L.

De acuerdo al ministro Orillac, durante años el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) ha usado su estructura jurídica “para favorecerse a costa de los trabajadores de la construcción”, también los acusó de usar el sindicato para la desestabilización e imponer su ideología a la fuerza.

“No les basta con cerrar calles, llamar al caos y a la anarquía, además usan estructuras y personería jurídica para enriquecerse. Estamos hablando de la malversación de fondos y blanqueos de capitales”, dijo en la conferencia de prensa del Consejo de Gabinete de esta tarde.

Como sujeto financiero obligado, el sindicato está legalmente requerido a cumplir con procedimientos de control para mitigar riesgos, incluyendo la verificación del origen lícito de los fondos, con el fin de prevenir el lavado de dinero y el blanqueo de capitales.

No obstante, según explicó Orillac, auditorías iniciadas desde 2022 han demostrado que el sindicato no ha dado cumplimiento a estas obligaciones.

También se anunció que los hallazgos encontrados tras una auditoría iniciada desde el año 2022 fueron enviados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Erika Vargas, amplió los detalles, señalando que las irregularidades detectadas constituyen violaciones a lo establecido en la Ley 23 sobre prevención del blanqueo de capitales.

Vargas reveló que el Suntracs transfirió 8 millones de dólares a su cooperativa a través de dos líneas de crédito, lo demuestra que la cooperativa ha estado actuando como intermediaria financiera del sindicato, canalizando fondos hacia terceros y empresas vinculadas sin aplicar los procedimientos de debida diligencia requeridos por la Ley 23, ni evaluar adecuadamente la capacidad de pago de los beneficiarios.

Esta práctica, de acuerdo la directora del Ipacoop, ha favorecido a ciertos terceros y empresas en perjuicio de los propios asociados de la cooperativa.

Entre las irregularidades detectadas, también destaca un caso particular: un asociado y directivo de la cooperativa recibió un préstamo de 52 mil dólares para adquirir un vehículo, con un plazo de pago de ocho años.

Sin embargo, pese a tener un salario mensual de 2,800 dólares, logró saldar la deuda en solo dos años, realizando abonos anticipados de entre 5 mil y 10 mil dólares, lo que supera ampliamente su perfil financiero declarado.

Ipacoop también señaló que el oficial de cumplimiento de la cooperativa no reportó estas operaciones ante la UAF, incumpliendo con su obligación de generar alertas por pagos en efectivo superiores a los 10 mil dólares, lo que constituye una omisión grave en los controles establecidos por la Ley 23.

A pesar de lo dicho por el gobierno, el Suntracs reaccionó en redes sociales, hablando de la “verdadera agenda” del presidente, José Raúl Mulino.

“Habla de ‘agenda oculta’, pero es él quien la ejecuta. Mientras acusa a Suntracs, toma acciones para desaparecerlo: detenciones, allanamientos, cancelación de la cooperativa”, dijo el sindicato, destacando que el “verdadero plan” del mandatario es “silenciar a los luchadores sociales”.