¿Tiene razón Panamá de expulsar a First Quantum de la mina de cobre de Donoso?

Actualizado
  • 02/12/2023 00:00
Creado
  • 02/12/2023 00:00
Cuatro muertos, más de 1.500 detenidos, una decena de policías heridos, decenas de millones de dólares perdidos en la economía, es la secuela de no haber escuchado a su pueblo, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, coinciden los expertos

Millones celebraron el 28 de noviembre pasado que los jueces supremos de Panamá le dieran la razón, First Quantum Minerals no puede seguir extrayendo minerales de su subsuelo porque es una actividad ilegal, ¿y ahora qué va a pasar?

Cuatro muertos, más de 1.500 detenidos, una decena de policías heridos, decenas de millones de dólares perdidos en la economía, es la secuela de no haber escuchado a su pueblo, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, coinciden los expertos.

Súmele a eso más de 8.800 trabajadores, entre empleos directos y a través de subcontratistas, de acuerdo con cifras suministradas por el director de Empleo, Alfredo Mitre, es el lado humano de esta situación que hay que contemplar sin dilación apenas se ejecute el fallo y se establezca el plan de cierre de la mina de Donoso.

El fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del contrato ley con First Quantum Minerals lo “expulsa” de la vida legal del país y, pese a los llamados al “diálogo” de la empresa, todo indica que la alternativa será el arbitraje para dirimir sus “reclamos” porque ya está vigente la moratoria de minería metálica a cielo abierto.

El 18 de enero pasado INDESA revelaba que, en 2021 Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, aportó a la economía panameña 4.683 millones de dólares, lo que representa un 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

No quiere decir que el Estado recibió ese dinero, sino toda la actividad económica en torno a la extracción -ahora declarada ilegal- de minerales que efectuó la trasnacional.

Empecemos por el lado humano, Alfredo Mitre constató que, hasta este jueves 30 de noviembre, “no se ha recibido formalmente ninguna solicitud del sindicato” entorno a la situación.

No obstante, en el Ministerio de Trabajo, mientras se espera la ejecución del fallo, se trabaja “a todo vapor” porque “se espera gran cantidad de consultas”, que están amparadas por el artículo 213 del Código de Trabajo panameño.

“Cuando se ejecute el plan de cierre, en este aspecto se hará con irrestricto cumplimiento a las garantías que establece el Código de Trabajo”, e incluso los trabajadores de los proveedores, que prueben que su única fuente de ingresos es la mina, están amparados, acotó.

Mitre adelantó que “ya estamos evaluando alternativas para integrar la fuerza laboral en otra actividad económica”.

En lo que atañe a ese portafolio, la proyección es recibir el “perfil de la mano de obra” que trabaja en la mina, un asunto que Minera Panamá todavía no ha remitido al despacho de Mitre, quien dijo que lo solicitó anteriormente.

Ello porque en el pueblo de La Pintada (Coclé), reseñó, cuentan con un centro de capacitación con tecnología “superior a muchas universidades y del propio INADEH (Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano”.

El trabajador de la mina es personal “altamente capacitado”, consideró el funcionario, quien proyecta que ello abre la posibilidad de buscar “convenios con otros países para un intercambio de mano de obra de alta cualificación y aprovechar esas instalaciones de formación”.

Minera Panamá y sus 30 subcontratistas tienen igual obligación para con sus respectivos trabajadores si se da el cese de la relación laboral.

Mitre precisó que se tiene registro de 8.800 trabajadores, de ellos más de 7.000 son de Minera Panamá. Del total, 7.900 son panameños y 867 extranjeros.

La secretaria ejecutiva del Colegio de Economistas de Panamá, Yariela Zevallos, considera que cuando se conozca el PIB de los últimos dos trimestres de 2023 se sabrá el real impacto de la inestabilidad que ha vivido el país, no solo por las protestas y el cierre de la mina, sino que anteriormente la merma sufrida en los tránsitos del Canal de Panamá por la crisis climática.

“Hay que hacer un análisis integral, ver los sectores afectados no quedarnos (solo) en eso, sino cómo establecer estrategias, cambios estructurales en la comercialización, crear polos de desarrollo en las provincias, Chiriquí quedó en la periferia, sin combustible y gas, el resto de las provincias sin legumbres y hortalizas, tenemos que pensar en una relación ganar-ganar”, dijo.

Desde su óptica, la posible pérdida del grado inversión de Panamá es parte de los “riesgos” que, si se da, tendrá que asumir el país temporalmente.

Confía en el ministro panameño de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, “porque tiene la capacidad y conoce el mercado” para repuntar la actividad económica del país.

Apuesta por fortalecer y cuidar el desempeño del Canal de Panamá, “somos un país de servicios, esa es la visión de Panamá”.

Raúl Moreira, expresidente del Colegio de Economistas y catedrático, expresó que, por la dinámica que enfrenta Panamá desde inicio de año, “si es posible caer”, y que en 2024 se pierda el Grado de Inversión, pues antes de las protestas ya dos de las tres agencias calificadoras habían reducido la calificación del país.

“Estamos en el último peldaño”, ya para caer, advirtió, al tiempo que lamentó que el mismo fallo de la Corte Suprema sobre el caso First Quantum Minerals “no estableció un cierre gradual, eso va a tener un impacto en el crecimiento, en la próxima calificación”.

Sin la mina “no vamos a recibir 700 millones de dólares este año, eso ayudaba a no pedir más dinero prestado, el déficit del sector público no financiero empeorará, ya está en 1.400 millones de dólares arriba de lo permitido, 3% del PIB, porque se ubica en el 4,75%”, explicó.

“Los bonos están perdiendo su valor, la deuda adicional que se contrate costará más, lo que incrementará la relación Deuda/PIB, que debía ser 40 y está en 60 por ciento”.

De acuerdo con Moreira, un nuevo equipo económico con mucha visión debe diseñar una estrategia de recuperación a los niveles anteriores a la operación de la mina, debe promover la reconversión de actividades, pero “no puede ser con la misma gente que actuaron como defensores oficiosos de la mina”.

Para el jurista Ernesto Cedeño, los miembros del gobierno están “como que no han hecho nada malo” ante el fallo de inconstitucionalidad, documento que lo califica de “consistente” y que plantea con claridad qué significa “el principio de buena fe” que arguye Minera Panamá en su actuación, al señalar que “es en dos vías” y al desarmarle esa estrategia “nos fortalece ante un eventual arbitraje”.

“Es una hipótesis, todavía, la pérdida del grado de inversión”, señaló, pero sí lamento que el Ejecutivo no logra “crear confianza, no ha destituido a nadie, este es un periodo de apertura, de escuchar, para lograr impulsar la economía”.

Cedeño anunció que ya presentó las respectivas demandas contra el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, y el Contralor General de la República, Gerardo Solís, porque son los que firman el contrato-ley anulado, contra los abogados que asesoraron al gobierno en su confección y se prepara, si nadie se le adelanta, contra los 47 diputados que votaron a favor.

Cobre Panamá tiene 3 mil millones de toneladas de reservas probadas y probables; esta mina constituye así una de las mayores minas nuevas de cobre inauguradas a nivel mundial en el último decenio, afirma First Quantum en su página web.

La producción comercial comenzó en 2019 y, a plena capacidad actual, la planta procesará 85 mtpa (millones de toneladas métricas por año) de mineral y producirá más de 300.000 toneladas de cobre por año junto con oro, plata y molibdeno, detalla.

El Proyecto Cobre Panamá consiste en varios sistemas mineralizados de pórfido de cobre (Cu), oro (Au), molibdeno (Mo) y plata (Ag), que fueron descubiertos por primera vez en Panamá durante un estudio geológico regional realizado por un equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1968.

También se estimaron elementos potencialmente deletéreos [arsénico (ppm), bismuto (ppm), hierro (%), azufre (%), plomo (ppm) y zinc (ppm)] mediante kriging ordinario.

A finales de diciembre de 2018, la Reserva Mineral total, incluido el inventario de existencias, se estima en 3.147,1 millones de toneladas al 0,38% de TCu, 59,36 ppm de Mo, 0,07 g/t de Au y 1,37 g/t de Ag.

La Reserva Mineral reportada se basa en una ley de corte económica que representa la proyección del precio del metal de cobre a largo plazo de 3 dólares la libra (6.615 dólares la tonelada).

Si las cifras se mantuvieron en el tiempo, es probable que, solo en cobre, la empresa extrajo entre 2019 y 2022, sin contrato, unos 7.910,86 millones de dólares.

La producción promedio anual de subproductos es de aproximadamente 2.717 toneladas de molibdeno, 107 mil onzas de oro y 1.701 miles de onzas de plata.

El informe técnico precisa que la inversión alcanzó al cierre de 2019 los 6.969 millones de dólares.

Y agrega que “el proyecto tiene un flujo de caja positivo desde 2020 y la recuperación del gasto de capital de 6.540 millones de dólares se produce en 2024”.

*periodista independiente y profesor universitario

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