Alcaldía y Procuraduría destinan fondos para equipar albergue de personas sin hogar en Panamá

El alcalde la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, suscribió un acuerdo por el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, para la creación de un fondo que permita equipar el Centro de Atención Integral a Personas Habitantes de Calle del Distrito de Panamá, localizado en las Garzas.

Con esta firma, el nuevo albergue contará con un presupuesto de $282,911.52. El cual procede de las incautaciones que las autoridades realizan y que ponen a disposición de las autoridades e instituciones para la implementación de proyectos de atención y prevención del uso de drogas. Todo esto mediante la Comisión para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED)

“Con este apoyo del Procurador avanzamos hacia lo que queremos lograr con la persona habitante de calle, que ellos tengan un lugar donde puedan recibir de forma integral la atención de salud, psicológica y humana que merecen por la condición que enfrentan y por ello hacemos el llamado a otras instituciones a sumarse”, expresó Mizrachi.

El nuevo albergue municipal ya está construido, confirmó la directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, Lizbeth Cunningham. “El centro ya está finalizado, pero no está equipado”, explicó la funcionaria el pasado 3 de julio.

“Conapred tiene financiamiento para este tipo de programas y ya aceptó hacerlo. El coste del equipamiento rondará los $300,000 e incluye dormitorios, oficinas, zonas de terapia y otros espacios”, detalló.

El centro será operado por la Alcaldía de Panamá y tendrá capacidad para albergar a 250 personas. Se trata de un espacio transitorio, con programas de atención psicológica y formación en áreas como manualidades, ebanistería, electricidad, plomería y soldadura. Se estima que el centro podría estar habilitado entre septiembre y octubre de este año.

Contará con dos pabellones: uno para hombres, con capacidad para 150 usuarios, y otro para mujeres, con espacio para 100 inquilinas.

Al ser consultada sobre las causas del incremento de personas sin hogar en la ciudad, la funcionaria señaló directamente el impacto de la pandemia de COVID-19. “En el último año, hemos contactado a 600 personas y las tenemos identificadas, pero sabemos que son muchas más”, indicó.

Sobre el perfil de esta población, Cunningham explicó que es muy diverso: incluye desde personas de la tercera edad abandonadas por sus familias, hasta migrantes varados en el país. También se reportan casos de drogodependencia y enfermedades mentales.

“Lamentablemente, el país no tiene respuestas para las personas con padecimientos psiquiátricos, más allá del apoyo familiar, y la legislación actual no permite retirar a una persona de la calle a menos que exprese abiertamente su deseo de recibir ayuda”, valoró.

La directora de Gestión Social agregó que actualmente trabajan con tres organizaciones no gubernamentales y algunas empresas privadas para atender a este sector. Las ONG que colaboran con la alcaldía son: Rescatados por su Sangre, Clamor en el Barrio y Paraíso Celestial.

Hasta julio, había 45 personas en proceso de rehabilitación, aunque Cunningham expresó su deseo de que fueran más. “Trabajamos con los ministerios de Salud y Desarrollo Social, pero quisiéramos una colaboración más estrecha”, reconoció.

Recalcó que la labor del municipio se limita a persuadir a las personas sin techo de aceptar ayuda, ya que es lo único que la ley permite.

“Hemos realizado cerca de 30 operativos, pero muchos no solicitan ayuda, así que terminan regresando a su situación anterior. Es un esfuerzo permanente, porque se trata de convencer, a menos que la legislación cambie”, concluyó.