Armas, negocio sin control

Actualizado
  • 02/06/2010 02:00
Creado
  • 02/06/2010 02:00
PANAMÁ. Por las calles de Panamá, en barrios tan pobres como exclusivos, se encuentran dispersas las 130 mil armas ilegales que circulan...

PANAMÁ. Por las calles de Panamá, en barrios tan pobres como exclusivos, se encuentran dispersas las 130 mil armas ilegales que circulan en el país, las cuales duplican a las legales: 65 mil 400; y a pesar de eso, aún no existe una ley que integre todos los compromisos adquiridos en materia del control y uso ni siquiera porque son 500, la tasa de homicidios que se comenten con armas de fuego.

Las estadísticas se desprenden del último Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (2009-2010) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes advierten que las cifras no son precisas debido a las debilidades de los países centroamericanos en cuanto al manejo de las estadísticas criminales.

COYUNTURA

Hace poco, la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional, retomó la idea de un proyecto de ley sobre el control y uso de armas que había sido engavetado en la administración anterior.

Todo parece coincidir con el ambiente de reclamo que hace la sociedad por una mejor seguridad. Al final de la marcha por la paz, se le entregaron al presidente Ricardo Martinelli 14 peticiones, entre las que resaltó la quinta: ‘Que se apruebe el proyecto de ley referente al porte, tenencia, importación y comercialización de armas de fuego y municiones que está en la Asamblea de Diputados desde la administración anterior’.

El diputado Miguel Alemán también presentó un anteproyecto que considera necesario ‘debido a la gran cantidad de armas de fuego que circulan en las calles sin que se conozca su verdadero status’.

Solo el domingo, el futbolista Carlos Rivera, del Club San Francisco de La Chorrera, fue detenido en El Chorrillo portando un arma de fuego sin el permiso.

COMPROMISOS

Ex presidentes y altos ex funcionarios han estampado sus firmas en varios acuerdos y compromisos internacionales referentes al control de armas pequeñas y ligeras. Sin embargo, pareciera que cobra vida aquel refrán: ‘El papel lo aguanta todo’.

En Panamá no existe una ley que integre todas las responsabilidades adquiridas. Lo que hay son decretos ejecutivos y leyes dispersas, pero algunos de estos documentos no recogen todos los compromisos.

El Estado panameño es signatario de: Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA 1997); Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilícito de Armas Ligeras en todos sus aspectos (POA 2001); Convención de Palermo (2001); Código de Conducta de los Estados Centroamericanos en materia de transferencia de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (2005). Además, Panamá se apresta a ratificar el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), cuyas negociaciones deben concluir en el año 2012.

POLÉMICAS

Desde hace años, diversos sectores de la sociedad panameña han intentado reunir todo lo que existe en una sola ley, pero hubo polémicas y aún continúan.

En el 2005, durante la administración del presidente Martín Torrijos, se creó la Comisión Nacional Multidisciplinaria para el Control del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. Estaba integrada por 16 miembros entre representantes del gobierno —de ese entonces— y la sociedad civil.

De allí resultó el proyecto de Ley 408, el cual no prosperó porque, cuando fue presentado a la Asamblea Nacional, originó polémica entre los que exigían más medidas enérgicas y los comerciantes de armas, que opinaban que no eran necesarias más restricciones porque ‘los delincuentes no cumplen normas’.

Jorge Cohen, comerciante de armas y municiones, detalló: ‘Quisieron hacer el trámite legal más complicado, pero en el mercado negro no se exige ningún requisito, no hay control’.

‘Nosotros no nos oponemos a la reglamentación. Pero, sí a los obstáculos que afectan más a las personas que cumplen con lo legal que a los antisociales’, afirmó Cohen.

En tanto, para Vicente Archibold, miembro del Servicio de Paz y Justicia en Panamá (SERPAJ), ‘el detalle no está en eso. Un arma, habiendo entrado legalmente al país, se convierte en ilegal desde el momento en que el dueño la perdió, se la robaron o la vendió y después la declaró robada’.

‘Queremos que además del marcaje de las armas, también se marquen las balas. Dirán que las municiones pueden ser robadas, sí, es cierto, pero los empresarios pueden llevar un registro de la numeración de cada bala vendida y sirve para el avance de las investigaciones en hechos delictivos’.

En Brasil, las autoridades cuentan con un equipo, valorado en 100 mil dólares, que está siendo usado para marcar las balas. Archibold se pregunta ¿cómo es posible que en Panamá no se pueda comprar esa tecnología?

ASPIRACIONES

Según las disposiciones legales panameñas, desde los 18 años un ciudadano puede solicitar permiso de arma en las siguientes condiciones: extranjeros, agricultores, agencias de seguridad, diplomáticos, personal (traspaso) y comercial.

En la actualidad, una misma persona puede tener de dos a tres permisos y registrar hasta 9 armas por cada permiso.

Cuando se discutía el proyecto de Ley 408, algunos sectores exigieron: expedición de permiso de armas, a los 18 años, para los agricultores y deportistas. El resto de los ciudadanos, a los 25 años. También pidieron que se hiciera clasificación de permisos por tenencia, uso, portación, deporte y cacería; no permitir que el dueño del arma pueda revender; autorización de la pareja o cónyuge del solicitante; contener disposiciones específicas sobre reclutamiento de los agentes de seguridad y el uso racional y proporcional de las armas de fuego de su parte, así como normas que obliguen a su capacitación y evaluación permanente; pruebas psicológicas periódicamente.

Entre muchos otros aspectos, Archibold consideró que las peticiones de la sociedad civil eran interesantes: ‘Recogían los compromisos internacionales que ha suscrito Panamá’.

Otros países de la región como Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina y Brasil ya tomaron las medidas pertinentes. Ahora es el turno de Panamá. Varios sectores de la sociedad están pidiendo una ley integral sobre el uso de armas.

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