Auditoría a la mina: 87% de cumplimiento, pero hay fallas en temas ambientales

Este viernes 19 de junio el Ministerio de Ambiente publicó el informe final de la auditoría al proyecto Mina de Cobre Panamá. Los hallazgos revelan un alto cumplimiento con los compromisos adquiridos, pero también faltas en temas claves como reforestación y prestaciones laborales.

La auditoría fue realizada por la empresa de origen suizo Société Générale de Surveillance, en español Sociedad General de Inspección, que opera bajo el nombre SGS Panama Control Services Inc. Se llevó a cabo durante seis meses y tuvo un costo de 539,791 dólares. Incorpora y verifica el cumplimiento de 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría 3 y los Términos de Referencia aprobados por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

De acuerdo a la auditoría, el proyecto tiene un 87.7% de cumplimiento. Evaluó cuatro componente principales. El componente A verificó los temas legales, administrativos, fiscales y tributarios. En este componente hubo un cumplimiento de 88.2%.

El componente B fue sobre desempeño ambiental. Encontró cumplimiento general operativo, pero también identificó puntos que requieren atención y acciones correctivas. El cumplimiento fue de 87.6%.

Uno de los principales hallazgos fue que se afectaron más de 300 hectáreas durante la fase de construcción del proyecto de lo acordado en el compromiso ambiental.

“La información analizada durante la Auditoría Integral evidenció que la huella intervenida del proyecto durante la fase constructiva alcanzó 2,432.24 hectáreas, una cifra superior al límite de 2,100 hectáreas establecido en el Compromiso Ambiental No. 13056 para la perturbación del componente suelo. Por lo anterior, se identifica un incumplimiento frente a la meta definida en el compromiso ambiental evaluado”, detalla el informe de auditoría.

También se registró incumplimiento parcial en temas como reforestación y translocación de especies. Uno de los puntos recurrentes fue que se encontraron diferencias entre la data recopilada por la minera y las observaciones en campo. En varios casos, no fue posible hacer una trazabilidad y seguimiento completo del cumplimiento de los compromisos.

“El análisis detallado de los compromisos ambientales evaluados presentó evidencia de la existencia de compromisos con niveles de menor cumplimiento al promedio del componente, principalmente aquellos relacionados con la compensación ecológica, restauración de ecosistemas y conservación de la biodiversidad”, señala el documento en sus hallazgos.

El informe de auditoría también incluyó entre sus hallazgos la necesidad de vigilar aspectos como la estabilización de taludes, las pozas de sedimentación, el monitoreo de pozos de agua subterránea, el manejo y la disposición de residuos sólidos y líquidos, el monitoreo de la calidad del agua en puntos críticos, el drenaje ácido de mina y los relaves mineros, entre otros. El documento señala que estos puntos “constituyen elementos de especial relevancia”.

El componente C fue de Aspectos Operacionales y técnicos. Es aquí dónde mejor puntuó la mina, con un cumplimiento de 90.2%.

Por último, el componente D evaluó los riesgos y pasivos ambientales. En este apartado se identificó un “riesgo reputacional” asociado a la falta de comunicación con las comunidades, así como riesgos de seguridad y salud ocupacional. El informe detalla que se registraron “incidentes y accidentes” ocasionados por las condiciones de operación. El cumplimiento en este componente fue de 81.7 %.

También se reportaron algunos incumplimientos en materia laboral.

El documento señala que se identificaron 24 excepciones correspondientes a contratistas y subcontratistas que no presentaron los certificados de paz y salvo ni los comprobantes de pago a la Caja de Seguro Social. Esta situación, según el informe, representa una oportunidad de mejora para fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.

A pesar de algunos incumplimientos, el informe de auditoría es mayormente favorable para el proyecto. La auditoría, de acuerdo al propio informe, fue hecha sobre la base que el proyecto se encontraba camino a un proceso de cierre definitivo. Sin embargo, el actual gobierno del presidente José Raúl Mulino ha dejado claras sus intenciones de reactivarlo y este documento podría ser una herramienta útil para ese fin.

“Por primera vez contaremos con información documentada, objetiva y verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto. Panamá enfrenta una decisión de Estado con alcance histórico que no puede tomarse en base a percepciones, sino con datos y evidencia técnica”, declaró el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ayer durante la presentación del informe.

En el evento no se aceptaron preguntas de los periodistas y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, no quiso dar ninguna declaración.

Quiénes reaccionaron fueron miembros del sector privado. La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, enfatizó que es esencial verificar el grado de cumplimiento ambiental y que el tema tiene implicaciones ambientales, económicas e internacionales, por lo que los gremios lo estudiarán a profundidad para “tomar posiciones siempre en beneficio del país y de los ciudadanos”.

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, se enfocó en el impacto económico de la paralización de la mina, esgrimiendo argumentos a favor de la actividad como la generación de empleos, la caída de la inversión extranjera directa y la importancia de garantizar seguridad jurídica para recuperar la confianza.