Auditoría a la mina: expertos ponen en duda su alcance legal

Durante el programa dominical de Telemetro Debate Abierto, el exfiscal ambiental Giovanni Olmos, el especialista en derecho ambiental Harley Mitchell y Roberto Cuevas, representante de la Cámara Minera de Panamá, analizaron la legalidad de la auditoría integral a la mina de Cobre Panamá y el alcance de los estudios de impacto ambiental.

En el intercambio, Harley Mitchell sostuvo que el Estado “ya debería tener todas las herramientas para tomar una decisión”, aunque cuestionó que el proceso se haya delegado a una auditoría. “Creo que la discrepancia viene de que, aunque es sano que se incorpore algo adicional, el tema del principio de legalidad es un punto interesante”, afirmó.

Los panelistas coincidieron en que una auditoría es un examen profundo, cuyo propósito es identificar hallazgos, incluidos errores, con el fin de que puedan ser corregidos. En ese contexto, señalaron que el informe debe reflejar con precisión las situaciones que se han presentado en el proyecto.

Por su parte, el experto Danilo Toro aclaró que la corrección de las irregularidades detectadas no corresponde al auditor, sino a las autoridades competentes y al Estado, que son quienes deben adoptar las acciones necesarias.

Mitchell también recordó antecedentes del proceso y señaló que en 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el entonces presidente de la República anunció la realización de una auditoría. Añadió que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de ese periodo había reconocido que no visitaba el sitio desde 2021, situación que, según indicó, consta en un expediente de la Corte.

En cuanto al estudio de impacto ambiental, el exfiscal Giovanni Olmos consideró necesario proponer uno nuevo, al señalar que así lo establece el fallo judicial. En contraste, Roberto Cuevas manifestó su desacuerdo y sostuvo que la decisión de la Corte no elimina el estudio de impacto ambiental vigente.

Cuevas explicó que el fallo invalidó el contrato de operación de la empresa, pero subrayó que ello no extingue sus obligaciones ambientales sobre el proyecto. En ese sentido, enfatizó que la empresa debe cumplir con los compromisos asumidos, ya que de lo contrario podría configurarse un abandono del proyecto, con las consecuencias legales y ambientales que ello implicaría.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró en su rendición de cuentas el 2 de enero, que su gobierno no adoptará decisiones improvisadas sobre el futuro de la mina Cobre Panamá, y aseguró que el proceso se desarrolla con base en criterios técnicos y responsabilidad institucional.

El mandatario señaló que su administración ha marcado distancia de prácticas del pasado, en las que —según indicó— prevalecieron intereses particulares por encima del bienestar colectivo. En ese sentido, subrayó que cada paso dado hasta ahora responde a un análisis cuidadoso y al interés nacional.

Mulino añadió que, desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ha trabajado en la elaboración de un plan de gestión segura, orientado a proteger tanto la integridad física del área como el entorno ambiental del proyecto minero, mientras se avanza en la definición de su futuro.