Auditoría escarbará en busca del ‘precio real’ de la autopista

Las supuestas anomalías y sobrecostos en la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera serían constatados por un nuevo estudio técnico que encargará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a personal técnico externo.

De esta manera, el MOP vuelve sus ojos a las recomendaciones que ha venido lanzando la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) desde que, en enero pasado, un informe de la Asamblea Nacional intentara desnudar la fuga de hasta $60 millones de las arcas públicas, a través del ensanche de la autovía, especialmente la construcción de cinco intercambiadores viales, una vía de retorno y un puente peatonal.

Según el ministro Ramón Arosemena, la pericia será ‘clave’ para determinar si hay méritos para que el caso llegue al Ministerio Público, que investiga el mal manejo de $1,200 millones del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que licitó comida, útiles escolares e, incluso, carreteras durante la era Martinelli.

El MOP ha dado la razón al expresidente de la SPIA Rodrigo Sánchez y al presidente de la Comisión Vial de esa misma organización, Nicolás Real, quienes apelan a que, con estas investigaciones, la institución fácilmente se convertiría en juez y parte.

‘(Las pesquisas) terminarían por involucrar a funcionarios del MOP, de manera que internamente no las van a hacer’, advirtió Real en una entrevista reciente con La Estrella de Panamá .

UNO Y UNO SON TRES

Arosemena argumenta que están ‘mirando’ a qué empresa encomendarán este trabajo, aunque no confirmó si se llamará a una licitación pública o se hará a través de un contrato directo. Tampoco dio pistas sobre el costo que tendría.

‘Vamos a buscar a la compañía idónea para garantizar una independencia completa que nos dé el precio real de la obra’, insistió, dejando ver el mecanismo de contratación que se aplicará. La ampliación de la autopista, a cargo de la constructora TCT, terminó costando $161 millones, tras cinco adendas.

El MOP dice haber hecho ya una evaluación propia sobre la situación, aunque Arosemena se reservó los comentarios sobre esa inspección para, según dijo, constatarlos con los que arroje el informe que encargarán y la controversial auditoría forense del Legislativo.

‘Hay que demostrar con hechos si hubo sobrecostos o no’, consignó el jefe de Obras Públicas, quien, paralelamente, pidió a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional averiguar qué tantas irregularidades habría en la ampliación de la vía Panamericana entre las ciudades de Santiago y David, la integradora de Azuero en los tramos Divisa-Chitré y La Villa-Las Tablas, y la suspicaz vía Tocumen.

¿INDICIOS LEGÍTIMOS?

Ahora, ¿qué tan válidas serían esas pruebas para la justicia? ¿Podrían las investigaciones caer en sacos rotos?

Un fallo de 2014 de la Corte Suprema de Justicia deja entreabierta la posibilidad de que pesquisas independientes puedan ser consideradas en un proceso judicial.

La sentencia, emitida en una demanda contra los diputados Mario Miller y José Muñoz, por su supuesta vinculación con un desfalco de $600 mil en el Fondo de Inversión Social (luego PAN), devela que este tipo de documentación puede ser considerada como ‘prueba auxiliar’, en la medida en que ‘no determina las responsabilidad legal’ de los implicados, aunque bien ‘registra la ocurrencia del presunto hecho’ delictivo.

‘Su eficacia va a depender de la relación directa con otras pruebas que se aporten en el proceso’, advierte el dictamen.

El abogado Ernesto Cedeño interpreta este dictamen como una estocada a la política de tercerizar las investigaciones. A su juicio, esa andanada de informes independientes servirá sólo para abrir procesos por supuestos delitos contra la administración pública, en los que serán aún más determinantes las pruebas que aporte la Contraloría General.

‘Lo que se está haciendo es gastar plata innecesariamente (contratando auditorías independientes)’, plantea Cedeño, para quien la Contraloría tiene capacidad de hacer este tipo de averiguaciones técnicas.

En contrasentido, el presidente de la Comisión legislativa de Infraestructura, Antonio Domínguez, sostiene que los informes tienen la validez que necesita el Ministerio Público para ‘sentar sus acusaciones’.