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Caso Listo Wallet: Imputan cargos y definen cautelares contra Luis Oliva, Janice Becerra y Buddy Attie

- 28/08/2025 21:36
El Juez de Garantías, Luis Ceballos, declaró la imputación de cargos para el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; de la abogada Janice Becerra de Reynardus y del empresario Buddy Attie, quienes fueron conducidos por las autoridades como resultado de la Operación Espejo de Cristal desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.
Pese a que se aceptó la imputación, el juez consideró que se cumplieron mínimamente con los requerimientos. Horas antes había establecido que las aprehensiones eran ilegales.
La imputación de cargos quedó de la siguiente manera: Luis Oliva y Budy Attie por asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado; y Janice Becerra por asociación ilícita para delinquir y peculado.
Juez de Garantías establece medidas cautelares en caso Listo Wallet
En la tercera fase de la audiencia, correspondía establecer las medidas cautelares. El juez Ceballos estableció reporte periódico para los tres imputados y la prohibición de salida del país.
Luis Oliva y Budy Attie se reportarán los 14 y 28 de cada mes, mientras que Becerra lo hará los días 14.
Al respecto, la fiscal del caso aseguró “el Ministerio Público sustentó en debida forma su aprehensión, en donde el juez pues estimaba que era una medida bastante excesiva y la declara ilegal. Sin embargo, pues sí validó la formulación a la acusación, por lo que las cuatro personas, el día de hoy fueron pues formalmente vinculadas por delitos de asociación ilícita para delinquir, delitos de diferentes formas de peculado y corrupción de servidores públicos”.
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De acuerdo con el Ministerio Público, la causa gira en torno a la supuesta autorización que dio Oliva para que Fintek tuviera acceso a la base de datos de programas estatales como vales y becas, sin que existiera un contrato formal.
Según la investigación, aunque la compañía no le cobró al Estado directamente, habría generado ingresos al aplicar un 0.5% a las empresas involucradas y luego un 4.5% en operaciones de factoring a los proveedores que aceptaron el esquema.
El argumento de la Fiscalía señala que, aunque las empresas no estaban obligadas a participar, muchas accedieron debido a las deudas que mantenía el gobierno tras la pandemia.
En ese contexto, la empresa entró a manejar los pagos, mientras que antes del acuerdo era Cable & Wireless la compañía que tenía el contrato original, con pagos de $5.5 millones y unos $6 millones adicionales. Sin embargo, al no recibir desembolsos del gobierno, esta empresa se retiró.
La audiencia continuará con las fases de imputación de cargos y medidas cautelares para los implicados en el caso.
Con información de Adolfo Berríos.