Caso Pandora: Exdirector de la DGI detalla cómo fue el fraude en créditos fiscales desde 2022

Las investigaciones en torno al manejo irregular de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas revelan un historial de alertas tempranas y vulnerabilidades institucionales. Publio De Gracia Tejada, quien ejerció como titular de la entidad tributaria entre el 2 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024, hizo pública una cronología de hechos que confirma que las adulteraciones y modificaciones de datos en el sistema interno del fisco se detectaron formalmente desde 2022.

A través de una declaración pública difundida este lunes 27 de julio en su cuenta de Instagram, De Gracia señaló que en 2022 la entidad recibió las primeras denuncias sobre alteración de datos de contribuyentes y personas señaladas, lo que motivó el inicio de revisiones administrativas e informes a los estamentos de seguridad.

Sin embargo, las irregularidades escalaron al año siguiente. A inicios de 2023, funcionarios de la propia DGI alertaron sobre resoluciones adulteradas para la adjudicación de incentivos fiscales. Tras una investigación interna, la entidad interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público en abril de 2023 y notificó al contribuyente perjudicado.

El volumen de inconsistencias obligó a tomar medidas operativas extraordinarias durante la recta final del quinquenio pasado. En febrero de 2024, ante un atípico incremento en las solicitudes de compensación y cesión de créditos fiscales —unido a las advertencias de un grupo de profesionales tributarios—, la administración central ordenó la paralización total de estos trámites. Desde esa fecha, ningún expediente pudo aprobarse sin la fiscalización directa del despacho del director.

Un mes después, mediante la Resolución 201-1464 del 11 de marzo de 2024, la DGI reforzó las exigencias normativas: condicionó la aprobación de créditos a declaraciones juradas, documentación adicional y una resolución administrativa suplementaria. Además, la norma ordenó reevaluar todos los trámites presentados con anterioridad.

Entre los casos expuestos figura un litigio por $20.2 millones. En mayo de 2024, un tribunal ordenó a la DGI reconocer dicho crédito fiscal en favor de un tercero. No obstante, la institución consideró que el reclamo carecía de sustento y lesionaba el patrimonio estatal, por lo que elevó una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia y la jurisdicción contencioso-administrativa, expediente que cuenta con el aval de la Procuraduría de la Administración y permanece pendiente de fallo.

En el plano de fiscalización externa, De Gracia indicó que desde 2019 la DGI coordinó investigaciones de delitos fiscales conjuntamente con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), intercambio que nutrió expedientes en otras jurisdicciones. Asimismo, en 2019 se puso en marcha un programa de modernización integral por $40 millones, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e impulsado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), enfocado en auditar el sistema E-Tax y expandir la factura electrónica.

Pese a los esfuerzos de modernización y la creación del canal web de denuncias institucional (Resolución 201-3984 del 17 de junio de 2024), las irregularidades detectadas abren interrogantes sobre el alcance real del fraude con créditos fiscales y la efectividad de las herramientas informáticas para impedir la manipulación interna de datos.