Cciap reflexiona sobre Ley de Transparencia debido a recientes intentos de modificación

Actualizado
  • 27/08/2023 11:00
Creado
  • 27/08/2023 11:00
Esta ley, sancionada en 2002, es una de las más importantes para el Estado panameño al permitir la atracción de inversiones y negocios sanos del Estado

De acuerdo a Adolfo Fábrega de García de Paredes, Presidente de la Cámara Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap), la Ley de Transparencia de 2002 fue una “victoria” para la sociedad panameña ante la importancia de que el Estado y sus recursos se manejaran de la forma más transparente posibles.

“La Ley de Transparencia es, sin exagerar, una de las normas más importantes con que contamos los panameños. Sus efectos y beneficios a través de los años son evidentes, no solo porque permitió a los ciudadanos la posibilidad de exigir cuentas en cuanto a los sagrados recursos del Estado, sino que también ejerció como elemento disuasor contra más abusos de los que ya hemos visto”, también destacó Fábrega.

Antes del 2002 era casi imposible realizar solicitudes sobre información que tuviera que ver con el dinero del Estado y los impuestos, la rendición de cuentas era nula o hecha con opacidad. Siendo esta ley una de las primeras de su tipo en América Latina, se intentó modificar más de una vez para restarle efectividad.

Por otro lado, Fábrega también apuntó a que la atracción de inversiones y la generación de un negocio sano con el Estado es posible gracias a la Ley de Transparencia del 2002, pues esta permitió tener claridad en cuanto a los gastos de inversión y de funcionamiento, especialmente en temas como las planillas.

“A estas alturas de la República, quienes detentan el poder de forma pasajera ya deberían tener claro que el acceso a la información pública y la participación ciudadana en los asuntos del Estado no es un regalo que nos hacen, sino un derecho sólidamente defendido en las convenciones internacionales de las que Panamá es signatario”, argumentó.

Revisar una ley y hacerle modificaciones no debería ser objeto de mayor controversia, por lo que, en principio, no nos oponemos a ello. Sin embargo, circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana, con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles, es lo que también dice el presidente de la Cciap en su columna ‘La Cámara Opina’.

Por su parte esta organización recibe “con alivio la decisión de la Asamblea Nacional de extender el periodo de consulta en un escenario que permite mayor participación y acceso a la discusión”, ya que creen que la actual coyuntura político-electoral crea condiciones perjudiciales para modificar una ley de tanta importancia, por lo que solicitamos postergar el debate.

También reiteran que se mantendrán vigilantes si la intención final de reformarla es beneficiar el “juega vivo, la politiquería y la opacidad”, lo que es contrario a la razón por la que se promovió esta ley hace más de 20 años. 

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