CIDH en Panamá: Defensores ambientales e indígenas denuncian criminalización de la protesta en América Latina

Representantes de América Latina alertaron sobre la estigmatización y los riesgos que enfrentan quienes defienden el agua, los territorios indígenas y el ambiente en América Latina.

La criminalización de quienes defienden el ambiente, las restricciones a la protesta social y el avance de proyectos extractivos marcaron las denuncias presentadas durante el evento paralelo sobre el cierre del espacio cívico para las personas defensoras ambientales e indígenas en la región, realizado en el marco del 197.º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona desde el lunes en Panamá.

El encuentro reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil y comunidades de distintos países de la región para compartir casos emblemáticos, visibilizar los riesgos que enfrentan las personas defensoras y plantear medidas ante los Estados y el organismo interamericano.

Durante las intervenciones, los participantes advirtieron sobre patrones comunes de persecución y criminalización contra quienes se oponen a proyectos extractivos o denuncian afectaciones a sus territorios. También señalaron las dificultades que enfrentan las organizaciones sociales para ejercer su labor y participar en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Desde Colombia, Mayerli López, representante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, contó a La Estrella de Panamá que la situación se ha vuelto crítica, sobre todo ante la presión de empresas transnacionales que avanzan con proyectos mineros de oro, plata y cobre.

El páramo de Santurbán es una fuente hídrica fundamental para el país, pues abastece de agua a más de dos millones de personas. López denunció que la defensa de este territorio está acompañada de campañas de descrédito contra los activistas que ponen en riesgo su integridad.

“Esto viene acompañado de una estrategia de criminalización y estigmatización; también ocurren al mismo tiempo que se amenaza la vida de los activistas ambientales, tratándonos de grupos al margen de la ley por el solo hecho de defender el agua y la tierra”, afirmó.

López advirtió que estas acusaciones contribuyen a deslegitimar las demandas ambientales y aumentan la vulnerabilidad de quienes participan en los movimientos sociales.

Por su parte, Feliciano Santos, líder indígena ngäbe en Panamá y miembro del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), habló sobre las dificultades que enfrentan quienes denuncian desplazamientos, destrucción de cultivos y el avance de actividades extractivas en la provincia de Bocas del Toro, las comarcas y sus zonas conexas.

Santos alertó sobre el uso del sistema judicial para procesar a dirigentes, lo que, según señaló, busca generar miedo y evitar que las comunidades exijan sus derechos, sobre todo ante la usurpación de tierras de la población indígena.

“Nos vemos ahorita mismo, estamos siendo criminalizados y perseguidos por el Ministerio Público. Es lamentable que se usen las estructuras del Estado para judicializar a los dirigentes indígenas por reclamar derechos”, manifestó.

El representante indígena señaló que esta situación genera preocupación tanto en las comunidades originarias como en otros sectores de la sociedad panameña, al limitar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Ante este escenario, llamó a fortalecer la articulación entre movimientos sociales, organizaciones y comunidades para encontrar respuestas colectivas.

La CIDH continúa sus sesiones hasta el viernes 30 de octubre, en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, donde se han programado unas 29 audiencias públicas y diálogos con la sociedad civil.