Contraloría refrenda obra del MOP con fianza menor a la normativa

La Contraloría General de la República prepara un arqueo de las contrataciones directas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras los cuestionamientos surgidos a raíz de publicaciones de este medio sobre contratos directos, posibles sobrecostos y conflictos de interés. Al mismo tiempo, la entidad avaló una obra millonaria de ese ministerio con una fianza inferior a la exigida por la normativa.

En junio de este año, la Contraloría General de la República (CGR) admitió una fianza menor al 50% del costo de la obra, en el contrato para el estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos de MiBus en la Vía España, un proyecto que ya había sido cuestionado por sus aspectos técnicos y ambientales.

De acuerdo con el contrato publicado en Panamá Compra, la licitación, valorada en $107,9 millones, cuenta con una fianza de $40 millones, equivalente al 37% del valor total de la obra.

Esto contradice lo establecido en la Resolución 2259 de 2023, cuyo artículo 20 señala que las fianzas de cumplimiento “en ningún caso podrá ser inferior del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, cuando éste sea de obra”.

El propio pliego de cargos de la licitación también establece que la fianza de cumplimiento del proyecto de ampliación de carriles de la Vía España deberá consignarse por una suma equivalente al 50% del valor del contrato.

Pese a ello, el contrato del MOP para esta obra fue refrendado por el contralor de la República, Anel Flores, el 30 de junio, con una fianza por debajo del porcentaje que establece la normativa para este tipo de contrataciones.

El proyecto de la Vía España fue licitado al Consorcio C&T Vía España, compuesto por las empresas Constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holdings, Corp., ambas presididas por Rogelio Alemán Arias. En la junta directiva de ambas sociedades también se encuentra Carlos Fábrega Alemán, como vicepresidente, y Pedro Ariel Espinosa, como tesorero.

La Estrella de Panamá consultó a la Contraloría por qué tomó esta decisión y bajo qué fundamento se refrendó el contrato con una fianza inferior a la establecida en la normativa. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta.

Expertos en contrataciones públicas consultados por La Decana, entre ellos el abogado Alexis Zuleta, advierten que cualquier contrato que incumpla lo dispuesto en la Resolución 2259 de 2023 podría constituir una actuación ilegal.

Adicionalmente, el contralor Anel Flores se pronunció, mediante una circular fechada el 17 de julio de este año -es decir posterior al refrendo-, sobre el límite de responsabilidad para las fianzas de cumplimiento en contratos que incluyen financiamiento.

En la misiva, Flores señaló que el porcentaje correspondiente a la fianza de cumplimiento debe calcularse sobre el monto total de la ejecución del proyecto, servicio o suministro, “sin incluir el financiamiento”.

Bajo este criterio, la licitación para la ampliación de la Vía España es un proyecto que incluye financiamiento. Por tanto, si se aplicara lo establecido por el propio contralor en su reciente circular, el monto sobre el cual debería calcularse la fianza sería de aproximadamente $80 millones, al excluir los $26 millones correspondientes al financiamiento.

En ese escenario, una fianza de $40 millones sí equivaldría al 50% del valor de la obra, sin incluir el financiamiento.

Al ser consultados por este medio, el MOP señaló que esta fianza de cumplimiento era correcta de acuerdo a lo establecido en la circular de la Contraloría.

”Al tratarse de un proyecto llave en mano, la fianza de cumplimiento se calcula sobre el monto correspondiente a la ejecución del proyecto, sin incluir el financiamiento, conforme a lo establecido por la Contraloría General de la República en la Circular No. 25-2026-DNFG/FySE, de 17 de julio de 2026”, apuntó la entidad.

Sin embargo, el contrato del MOP ya había pasado por el departamento de fiscalización de la CGR y había sido refrendado el 30 de junio, mientras que la circular de Contraloría fue publicado al mes siguiente, el 17 de julio.

“Este es un tema que a través de los años ha tenido variaciones y hay muchos casos ya documentados donde la fianza no se ha manejado correctamente y el que sufre es el Estado porque cuando la necesita no la tiene”, explicó a este diario el abogado Carlos Barsallo, expresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y experto en contrataciones públicas.

Sin embargo, la fianza no es el primer cuestionamiento que enfrenta el proyecto de la Vía España. En abril de este año, el ministro José Luis Andrade admitió públicamente ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional que la licitación “inició con el pie erróneo”, en respuesta a los señalamientos por no contar, en ese momento, con el debido estudio de impacto ambiental ni con el acta de refrendo.

Empresarios y residentes de Río Abajo afectados por la obra también manifestaron su rechazo. Según estos, desde finales de enero e inicios de febrero se registraron talas de árboles, instalación de señalizaciones y el ingreso de personal del Consorcio C&T Vía España a terrenos cuya ocupación no había sido verificada.

A esto se suman diversas investigaciones de La Estrella de Panamá que han revelado posibles conflictos de interés vinculados al ministro Andrade, así como cuestionamientos por contrataciones directas y posibles sobrecostos en proyectos del MOP, entre ellos los zarzos de la comarca Ngäbe-Buglé y el programa Tapahueco, entre otras contrataciones. Estas actuaciones han generado cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad civil.

Aunque Andrade ha sostenido que las contrataciones directas responden a que se trata de obras sociales que deben ejecutarse con rapidez en las comunidades, durante su rendición de cuentas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, con motivo de la discusión del presupuesto del próximo año, también enfrentó cuestionamientos por estos procesos. En respuesta, afirmó que había solicitado a la CGR un audito a los contratos directos.

En este sentido, el contralor Anel Flores ha defendido en dos ocasiones la gestión del MOP y ha calificado algunos de los cuestionamientos como “morbo”.

“Muchos de esos contratos a los que se refieren son de emergencia; hay que hacerlos [...]. Ahí no da el tiempo para hacer una licitación pública porque hay gente afectada. Estamos haciendo un arqueo y estaremos dando un informe a toda la ciudadanía”, dijo el pasado 19 de septiembre a TVN Noticias.

En junio de este año, Flores también respaldó públicamente a Andrade, al señalar que el ministro “ha desempeñado una labor extraordinaria” y que “es el mejor ministro en cuanto a ejecución”.