Corrupción y Neoliberalismo

La corrupción constituye un fenómeno que genera resultados altamente perjudiciales para la sociedad. Los mismos se observan tanto en el plano económico - social como en el ético.

De acuerdo a la organización Transparencia Internacional la corrupción afecta a nivel global a cerca del 1% de los presupuestos de los países. Panamá, obviamente, no se encuentra exento de este problema.

Armando Phillips de Andrés, quien es funcionario de la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito, calculó en declaraciones realizadas a fines de 2005 que el impacto de la corrupción en Panamá alcanzaba al 1.0% del PIB. Guido Rodríguez, antiguo Fiscal de cuenta señaló en 2014 que se trataba de un monto superior, el cual oscilaba entre el 3.0% y el 4.0% del PIB.

Si se toman los cálculos anteriores y se refieren al PIB del año 2019, se obtienen cifras realmente alarmantes. En efecto si se promedia los impactos deducidos por los dos autores anteriores y se aplican al Producto Interno del 2019, se puede concluir que ese año el costo de la corrupción para Panamá fue de B/. 1,674.6 millones.

Es evidente que es una cifra que afecta negativamente la repuesta que el Estado le puede dar a las necesidades sociales más urgentes del país, afectando principalmente a los más vulnerables. Para dar un ejemplo se puede señalar que dicha cifra representaría cerca del 80.6% del gasto público anual en educación.

Desde el punto de vista ético la corrupción generalizada promueve la cultura de lo que en Panamá se conoce como el “juega vivo”. Esto lleva a una sociedad en la que la confianza entre las personas se reduce a un mínimo, generando un ambiente lleno de incertidumbre que afecta el relacionamiento social en lo económico, social y político.

Intentado avanzar hacia las causas de la corrupción pareciera útil destacar en primer lugar la definición más generalizada de la misma. Se trata de la definición compartida por el Banco Mundial y Transparencia Internacional, según la que la corrupción es “el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados”. Esta definición, centrada en criterios empresariales y promercado, resulta insuficiente, ya que deja por fuera importantes elementos a considerar.

En primer lugar, la definición citada hace borroso un elemento central del fenómeno bajo estudio, ya que no aclara en que gran parte de los actos de corrupción, como es el caso de las coimas, interactúan un agente del sector público y un agente del sector privado. Esto significa, entonces, que la corrupción no es un fenómeno encapsulado en el ámbito público.

Más aún, en muchos casos el origen de la corrupción se ubica en el sector privado. Este es el caso de la evasión fiscal, la cual se inicia con un acto corrupto de un agente privado. En Panamá, este tipo de corrupción proveniente del sector corporativo tuvo un costo para el fisco y la sociedad que entre el 2009 y 2019 alcanzó a B/.57,877.8 millones de balboas. Se trata de una enorme cantidad de recursos, los que equivalen al 91.0% del PIB del 2021.

En la misma categoría también está la evasión vinculada con las cuotas que los empresarios deben entregar a la Caja de Seguro Social. En este caso la evasión más visible se expresa en la cantidad de trabajadores que son calificados como informales, pese que trabajan para empresas privadas del sector formal, dado que los mismos no son inscritos en la Caja de Seguro Social por sus empleadores. En octubre de 2021 el INEC cuantificó que 104,284 personas se encontraban en esta situación.

En segundo lugar, la definición de corrupción bajo análisis, al circunscribir esta lacra social al ámbito del Estado, olvida que existen actos de flagrante corrupción que se dan entre agentes privados. Un ejemplo de estos son los abusos que realizaron los grandes capitales financieros internacionales que se hicieron evidentes en la recesión del 2007 – 2009. En nuestro país habría que hacer referencia a la especulación de precios de los abastecedores internacionales y locales de medicamentos.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que las reformas neoliberales, promovidas por las llamadas IFIs, de las que el Banco Mundial hace parte, así como por las elites empresariales locales, han generado un cuadro institucional que facilita la corrupción.

En primer lugar, la práctica de las políticas neoliberales significó una liberalización y desregulación de los sistemas financieros, lo cual hizo posible el tipo de actividades que llevaron a la recesión de 2007 – 2009 con las consecuencias antes señaladas.

Así mismo, esto ha permitido que empresas financieras que no tienen un interés real en el negocio de abastecimiento de alimentos participen especulativamente en los grandes mercados de este tipo de bienes. Esto ha llevado a radicalizar las situaciones de crisis alimentarias, tal como quedó claro en el caso de la crisis alimentaria internacional 2006 – 2008. Obviamente existe el temor que la especulación financiera profundice la actual crisis alimentaria generada a partir de la guerra en Ucrania. Obviamente se trata de una forma de corrupción que atenta contra un derecho humano fundamental.

En el caso de Panamá la apertura, desregulación y liberalización de los mercados ha permitido que las grandes empresas que participan en la importación y comercialización interna de los productos alimentarios ejerzan un notable poder oligopólico frente a los consumidores y de monopsonio sobre los productores. El resultado ha sido precios elevados para el consumidor y reducidos para el productor.

Es también evidente otra forma de corrupción, relacionada con las políticas neoliberales. La misma se refiere a las políticas de privatización. De estas existe todo un rosario de casos en que los bienes públicos fueron entregados a precios irrisorios a los capitales privados para su beneficio. Se trató efectivamente de una forma de acumulación por desposesión que operó por medio de una expropiación de la población. La misma, como es conocido, opera ahora bajo la modalidad de las asociaciones público – privadas.

Es evidente, en esta misma línea de pensamiento, que las políticas neoliberales han llevado a una gran concentración económica y de poder político. Este poder les permite a los capitales dominantes imponer sus reglas de juego al Estado. Esto se refleja en la llamada captura regulatoria, donde son los representantes de estos capitales los que dominan la actividad regulatoria del Estado sobre los privados, generando instituciones fallidas y perversas. En Panamá esto es muy claro, por ejemplo, en la regulación de los servicios públicos.

La propia evasión fiscal y de cuotas de la seguridad social no sería posible sin la presencia de entidades públicas sometidas al interés de los sectores económicamente dominantes.

De los ejemplos anteriores se desprende claramente que la lucha contra la corrupción no pasa por una simple reforma del aparato gubernamental. La misma solo será exitosa con una transformación importante en el modelo de funcionamiento económico, acompañada de una reforma del Estado que apunte a una sociedad efectivamente democrática, con equidad, justicia social y pleno respeto al medio ambiente.

El autor es Profesor Emérito de la Universidad de Panamá

Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

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