Crisis migratoria acelera su ritmo:

Un millón de migrantes cruzaron la selva de Darién en su camino hacia Estados Unidos, en los últimos tres lustros.

El flujo irregular migratorio experimentó un abrupto incremento de 10.000 personas en 2009 a 520.000 en 2023.

Todo parece indicar que la crisis humanitaria continuará a un ritmo acelerado.

En lo que va de este año, 63.806 han cruzado el Parque Nacional Darién. Un 20% es niños y adolescentes. Además ha habido un considerable aumento de recién nacidos e infantes menores de seis meses que han cruzado la selva.

El Servicio Nacional de Migración ha identificado 226 fallecidos. Aunque nunca se conocerá el número real de los que perdieron la vida en el intento por tener una mejor y que nunca serán repatriados a sus casas porque sus cuerpos se los tragó la selva.

La frontera de Panamá y Colombia se ha convertido en una zona peligrosa que no responde a los principios de movilidad humana, sino a un nuevo negocio del crimen organizado que está sustituyendo el tráfico de drogas por el de seres humanos.

El tráfico de migrantes generó $820 millones el año pasado. Los migrantes son captados por supuestas agencias de viajes que cobran $900 para atravesar el golfo de Urabá, en Colombia. Los mismos delincuentes contratados para guiarlos en la ruta migratoria son quienes les roban y los asesinan.

El crimen organizado y los delincuentes comunes cometen una gama de delitos graves: narcotráfico, tráfico de armas, violaciones y delitos de lesa humanidad. Estos últimos han transformado el fenómeno de la migración en una crisis de proporciones descomunales, que podría desencadenar en “una catástrofe humanitaria, ambiental y de seguridad, que no podrá evitarse de no actuarse oportunamente”, señaló Samira Gozaine, directora nacional de Migración, en el primer “Foro Internacional de Seguridad, una perspectiva global”, que se desarrolló los días 20 y 21 de febrero de 2024.

“Mujeres y niños experimentan trauma y estrés emocional debido a la violencia y la incertidumbre que enfrentan en sus países de origen y durante el viaje”, agregó Gozaine. No todos enfrentan los mismos desafíos, algunos tienen más recursos que otros. “Es necesario acciones reales y directas que mitiguen las de los delincuentes “, añadió.

La funcionaria explicó que las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a la discriminación y violencia de género tanto en el país de origen, tránsito y destino. También enfrentan mayores riesgos de ser víctimas de trata de personas, explotación laboral y sexual. Y en ocasiones son obligadas a realizar trabajos peligrosos y mal remunerados, sin protección laboral.

Los niños son forzados a migrar y dejar las escuelas debido a la violencia u otras situaciones sociales de sus países. A menudo sufren hambre, sed, explotación y abuso sexual. En algunos casos son separados de sus padres y detenidos en instalaciones migratorias inadecuadas. La falta de apoyo emocional puede empeorar la situación.

A Panamá, la crisis le ha costado más de $70 millones, en los últimos cuatro años, en un intento por darles una atención digna: alimentos, alojamiento, agua potable, salud y seguridad.

Se han realizado 99.331 pruebas biométricas que han permitido identificar a miembros de grupos desmilitarizados de Colombia y personas vinculadas con delitos de drogas, hurtos y robos agravados.

Adicionalmente, la crisis de seguridad y el impacto al medio ambiente provocado por la migración irregular de la frontera colombo-panameña obliga a tomar acciones contundentes de manera conjunta para combatir a los grupos delincuenciales, dedicados a lucrar con los más vulnerables. “Las acciones delincuenciales ponen en riesgo a Panamá y a toda la región”, concluye Gozaine.