La CSS demanda al Estado español

PANAMÁ. La Caja del Seguro Social (CSS) llevó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda contra España por la distribución de 9 mil kilos de glicerina para uso farmacéutico que provocaron el envenenamiento masivo por dietilenglicol.

Un año y medio después de que la Audiencia Nacional española fallara en contra de los afectados, alegando que la empresa española Rasfer Internacional, S.A. carecía de responsabilidad penal, seis de los afectados y la CSS interpusieron una demanda el pasado jueves 2 de mayo, al considerar que la justicia de ese país archivó el caso sin una investigación y ‘sin practicar las diligencias necesarias’, en palabras del portavoz de los afectados, Gabriel Pascual.

Los abogados panameños cuestionan ahora si la justicia española ofreció una tutela judicial efectiva y clasifican el caso como un atentado contra los derechos humanos. Alejandro Sanvicente, el abogado que defendió a los afectados ante España, explica que Panamá no había especificado qué tipo de glicerina precisaba, si era de uso farmacológico CP (Chinese Pharmacopea) o glicerina pura TD (no apta para el consumo humano). ‘La empresa Rasfer tuvo que conocer qué era lo que estaba transportando desde China, pero Medicom, la panameña, no lo analizó, y la CSS tampoco vio qué era lo que le estaban dando’. Después Medicom reetiquetó el producto como ‘glicerina YSP’ (siglas empleadas por la farmacopea estadounidense y se confundió el producto).

LESA HUMANIDAD

Se trata de un caso que en justicia se conoce como ‘‘relación de causalidad’’ y que condujo a los tribunales españoles a rechazar la responsabilidad penal de Rasfer alegando que la empresa catalana ‘es una mera intermediaria’ y que ‘no estaba obligada a analizar el producto’, según el auto.

Tras la sentencia, los abogados defensores dirigieron la querella al Constitucional, la máxima autoridad judicial española, que ni siquiera admitió a trámite el recurso. Pascual considera que no podían agotar los recursos judiciales sólo en España, ya que ‘es un caso de lesa humanidad y España tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde’.

El embajador de España en Panamá, Jesús Silva, advirtió que no se ha recibido ninguna notificación oficial ni ha habido contacto directo entre los gobiernos, por lo que ‘la postura de España es de respeto a las instancias judiciales a las que todas las personas están en su derecho de recurrir’ para que resuelvan el caso.