De las declaraciones patrimoniales al trabajo de campo: las claves del caso Ueno Bank

El acceso a la información, el periodismo de investigación y las lecciones que deja para la región forman parte de las consecuencias de más de un centenar de publicaciones realizadas por la unidad investigativa del diario ABC Color, de Paraguay, que detonaron una crisis política y judicial y derivaron en la destitución y detención del entonces presidente de ese país, Santiago Peña, por supuestos hechos de corrupción.

Juan Jara, periodista del equipo liderado por Mabel Rehnfeldt, contó a La Estrella de Panamá los intríngulis de las revelaciones sobre Ueno Bank y cómo estas desencadenaron una crisis política y judicial.

La investigación comenzó con un documento que en Paraguay es de acceso público, pero que en Panamá la Corte Suprema de Justicia ha calificado como confidencial: la declaración jurada que presentan los funcionarios al asumir el poder.

También se apoyó en informes mensuales sobre el manejo de los fondos de jubilaciones, una información que en Panamá se presenta anualmente y cuyos reportes registran retrasos.

Presiones y hostigamiento verbal y judicial por parte del entonces mandatario contra el ejercicio periodístico formaron parte del escenario durante la investigación al gobernante y a la entidad financiera que ocupaba un lugar relevante en el sistema bancario privado paraguayo.

Ueno Bank administraba $850 millones de organismos estatales, entre ellos, el Instituto de Previsión Social, responsable de las jubilaciones y prestaciones de salud de ese país. La entidad, intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP), nació en 2021 como una alternativa digital y posteriormente comenzó a funcionar como banco en 2023. Su holding es el Grupo Vásquez, vinculado al expresidente Peña. La intervención se produjo tras detectarse niveles de solvencia inferiores a los permitidos.

¿Cuáles fueron los indicios que dieron origen a esta investigación periodística?

Todo arranca cuando se empieza a notar que un banco de reciente creación, que aparecía muy conectado al presidente Santiago Peña, comenzaba a recibir fondos públicos. Esto se hacía de manera rápida y mediante “licitaciones” que llamaban mucho la atención.

¿Por qué sobresalían estas licitaciones?

Porque, a medida que esa entidad financiera lo necesitaba, iban cambiando los reglamentos para que los procesos pudieran realizarse de forma más ágil y rápida, sin mayores dificultades al momento de captar fondos.

En Panamá también conocemos las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas que, según los funcionarios, buscan “agilidad”. Nuestras autoridades también han flexibilizado las compras. Pero, en el caso de ustedes, ¿cuál fue la hipótesis de la investigación periodística?

La principal hipótesis era que existía una vinculación muy cercana entre el presidente y esta entidad financiera. A partir de ello, fuimos analizando las declaraciones juradas del presidente [Peña], así como los informes y boletines que publicaban las instituciones públicas. Fuimos hilando lo que el presidente declaró cuando asumió el cargo: que tenía una participación accionaria en una empresa en la que también aparecía como socio el grupo controlador de este banco.

¿Qué significaba ese dato de la declaración jurada de bienes patrimoniales?

Nos dio fuerza para ir hilando y confirmar que, efectivamente, existía una conexión. Además, el apoyo que recibía la entidad financiera [del Gobierno de Peña] era mucho más notorio. Estos informes de las instituciones financieras son documentos públicos.

¿Los solicitaron a través de la Ley de Acceso a la Información o cómo llegaron a ellos?

La mayoría de los informes son de acceso público, como los relacionados con el manejo de los fondos previsionales, las jubilaciones y las pensiones, que se publican mensualmente, así como los informes sobre la colocación de esos fondos. Eso nos sirvió para tener documentación oficial sobre el manejo de los recursos en relación con la entidad financiera.

Las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de los funcionarios son de acceso restringido en Panamá. ¿Cómo consiguieron la del presidente paraguayo?

Algo muy importante es que, a partir de 2020, en Paraguay ya existe la posibilidad de que las declaraciones juradas sean de acceso público. Es decir, uno puede consultar las declaraciones juradas de los funcionarios. Eso nos permite corroborar qué tienen, cómo ha sido su crecimiento patrimonial y cuál es su situació

En Panamá, por ejemplo, la institución que recibe las declaraciones juradas de intereses patrimoniales de los funcionarios no puede cotejar que la información sea veraz y tampoco tiene acceso a la información de los beneficiarios finales. En este proceso de investigación, ¿qué fue lo más complicado desde el punto de vista periodístico?

Cuando hicimos la primera publicación, el 17 de octubre de 2024, y mostramos cómo se estaban captando fondos públicos a través de ese banco, inmediatamente comenzamos a ser víctimas de una campaña de ataques por parte del propio presidente de la República, en ese entonces Santiago Peña. Para el 20 de octubre, el presidente calificó la publicación como una campaña mentirosa, que no se ajustaba a la verdad. También acusó a la directora, Natalia Zuccolillo, de nuestro medio de ser una persona que, supuestamente, se había quedado con fondos de jubilaciones; es decir, que tenía fondos de pensiones a través de otra empresa encargada de la edición del diario.

/panama/nacional/antai-dice-no-tener-competencia-para-investigar-posible-conflicto-de-interes-en-el-mop-HF23375165

¿Los dos años de hostigamiento verbal del expresidente Peña se trasladaron al ámbito judicial?

A medida que fuimos accediendo a más datos y logramos cotejar su declaración jurada, encontramos una propiedad en una ciudad de Asunción, donde él declaraba tener un terreno, un inmueble sin ningún tipo de construcción.

Cuando fuimos a verificarlo, encontramos que había construido una casa de verano poco después de asumir como presidente. Empezamos a mostrar esa construcción y ahí comenzó otro tipo de hostigamiento en el ámbito legal. Incluso lanzó una advertencia: “Cuidadito con lo que estamos publicando”. La advertencia fue dirigida a la directora del medio y, a partir de allí, comenzó todo un proceso judicial contra familiares de la directora por un caso que ya había sido investigado. El proceso terminó con la imputación de esos familiares.

¿Cuántas publicaciones generaron sobre todo el caso de Ueno Bank?

Fueron alrededor de 140 publicaciones. Lo hacíamos por series. Íbamos publicando de acuerdo con los documentos a los que podíamos acceder. Publicamos un caso relacionado precisamente con la mansión [de Peña] y luego fuimos encontrando más información, porque la gente también aportaba datos. Incluso encontramos una camioneta que anteriormente pertenecía a un proveedor del Estado y que pasó a manos de una empresa del presidente de la República.

¿Se había registrado una situación similar en Paraguay?

Estamos hablando de un escándalo de corrupción que ha ganado mucha notoriedad porque no se había encontrado hasta ahora. El destituido presidente, Santiago Peña, es el primer presidente del Partido Colorado que termina con un proceso judicial y es destituido antes de concluir su mandato.

¿Sin la declaración jurada de bienes se hubiera podido hacer la investigación periodística?

No. Nos sirvió de guía para realizar el trabajo de campo, porque estuvimos varios días haciendo recorridos, por ejemplo, en la zona donde se construyó esa casa de verano; realmente le dio contundencia a la investigación. La segunda serie de investigaciones periodísticas obligó al presidente de la República a presentar una declaración jurada actualizada. Como en la primera declaración, él hablaba de un terreno sin ningún tipo de construcción, en la declaración jurada actualizada incluyó la construcción de su casa de verano. A través de esa presentación, hizo una serie de justificaciones sobre la procedencia del dinero para construir su casa. Entre ellas figuraba un préstamo de la misma entidad bancaria que actualmente fue intervenida por el Banco Central del Paraguay.