Decreto de taxis de lujo enfrenta a transportistas y diputados; empresarios defienden libre empresa

El Decreto Ejecutivo N°10 del 16 de abril de 2026, que regula el servicio de transporte selectivo de lujo solicitado a través e plataformas digitales, ha provocado un intenso debate entre actores políticos, gremios del transporte y el sector empresarial, evidenciando posturas encontradas sobre el futuro de la movilidad y la economía en Panamá.

La normativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, redefine el rol de las aplicaciones tecnológicas al limitar su función exclusivamente a la intermediación, bajo supervisión estatal, y establece nuevas condiciones para operar dentro del sistema de transporte.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Ernesto Cedeño, quien anunció la presentación de una demanda contencioso administrativa de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando además la suspensión del decreto.

”El lunes estaré presentando una demanda contencioso administrativa de nulidad, en dónde estoy pidiendo la suspensión del acto, ante la Sala Tercera”, expresó el diputado, quien cuestiona la legalidad de la normativa.

Desde el otro extremo, la Cámara Nacional de Transporte respaldó de forma contundente la medida y criticó la acción del diputado, acusándolo de intentar frenar el ordenamiento del sector.

En un comunicado, el gremio calificó el decreto como “un acto de justicia y orden” y defendió que la regulación busca corregir distorsiones previas y garantizar reglas claras para todos los actores.

“El sector transporte le exige que deje de poner trabas a quienes están tomando decisiones para resolver problemas heredados”, señaló la organización, que además destacó que la normativa restablece la seguridad jurídica, promueve la equidad y cumple con lineamientos de la Corte Suprema.

En contraste, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su preocupación por el impacto del decreto en la economía digital y la libre competencia.

El gremio empresarial advirtió que, aunque la regulación es necesaria, el modelo adoptado resulta restrictivo, al limitar la innovación y aumentar la burocracia.

“Este decreto introduce un modelo que limita el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento”, señaló APEDE, que también alertó sobre posibles efectos negativos en la inversión, el turismo y las oportunidades de ingreso para miles de panameños.

La organización cuestionó especialmente la centralización del control en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la fijación de tarifas por parte del Estado y la obligación de operar a través de prestatarias, lo que —según indicó— podría encarecer el servicio y reducir su disponibilidad.

El decreto establece, además, un periodo de transición de tres meses para que conductores y empresas se adapten a las nuevas disposiciones, tras lo cual se aplicarían sanciones, incluyendo la tipificación como “piratería” para quienes operen fuera del marco legal.

El escenario deja en evidencia un choque entre visiones: por un lado, el sector transporte tradicional que respalda una mayor regulación y control estatal; y por otro, sectores empresariales y tecnológicos que advierten riesgos para la innovación y la competitividad.

Mientras tanto, el debate se traslada ahora al ámbito judicial, donde la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la legalidad de una norma que ya marca un punto de inflexión en el modelo de movilidad en Panamá.