Defensa de 23 implicados revisará pruebas tras receso en audiencia del caso Odebrecht

La audiencia se reanudará el miércoles 21 de enero, a partir de las 8:30 a.m., en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

Luego de cuatro días de audiencia por el caso Odebrecht la jueza del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloisa Marquínez, ordenó una suspensión temporal durante los días 16, 19 y 20 de enero para que los equipos de la defensa de los 23 presuntos implicados puedan revisar unos grupos de pruebas extraordinarias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Este jueves 15 de enero la audiencia completó su cuarto día de desarrollo con la presentación de la última prueba extraordinaria del Ministerio Público y la decisión del tribunal de decretar el receso.

De acuerdo con lo dispuesto por Marquínez, los abogados deberán cotejar la información contenida en los archivos digitales entregados por la Fiscalía Anticorrupción con los documentos físicos aportados a la audiencia como pruebas extraordinarias, a fin de preparar sus observaciones y eventuales objeciones.

La audiencia se reanudará el miércoles 21 de enero, a partir de las 8:30 a.m., en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

En esa sesión, la querella y las defensas presentarán las objeciones que consideren pertinentes respecto de las pruebas aducidas por el Ministerio Público.

Superada esa etapa, corresponderá a la querella y a las defensas anunciar y sustentar sus propias pruebas extraordinarias, las cuales serán trasladadas a la Fiscalía para su análisis y pronunciamiento.

Durante la jornada de este jueves, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó la última prueba extraordinaria de su despacho, integrada por 22 tomos que contienen 10,939 fojas en inglés y portugués, con sus respectivas traducciones al español.

La documentación corresponde a la respuesta de la asistencia judicial internacional remitida por la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Una vez incorporado el material al expediente, Marquínez ordenó dar traslado a las demás partes intervinientes para su conocimiento, en el marco de las garantías del debido proceso y el derecho a una defensa efectiva.

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