Diputado Ernesto Cedeño presenta queja por incumplimiento en transferencias del IBI a municipios

El diputado Ernesto Cedeño, presentó una queja administrativa ante la Procuraduría de la Administración, por el incumplimiento en la transferencia de los recursos provenientes del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) hacia los municipios, en el marco de la ley de Descentralización.

Cedeño sustento su denuncia en los artículos 220, 299 y 302 de la Constitución Política, así como en la Ley 37 del 29 de junio de 2009, modificada por la Ley 66 del 29 de octubre de 2013, señalando que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no han cumplido con la obligación de transferir en su totalidad los recursos recaudados a los gobiernos locales.

“En el día de hoy he presentado una queja administrativa ante la Procuradora de la Administración por aquello de que no le han entregado 100% de los fondos de la descentralización a los gobiernos locales, como corresponde de acuerdo a la ley. Y conforme al artículo 220 de la Constitución, debidamente relacionado con la Ley No. 38 del 2000, la Procuraduría de la Administración debe vigilar la conducta oficial de los funcionarios. Estamos pidiendo una rendición de cuenta al Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Descentralización y que diga cuándo se van a regularizar los pagos, porque las leyes se deben cumplir en beneficio de todas las comunidades” declaró el diputado.

En su solicitud, Cedeño pidió a la procuradora Grettel Villalaz de Allen que admita la queja e incie la investigación correspondiente para determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, además de requerir un informe actualizado al Ministerio de Economía y Finanzas, que incluya el monto total adeudado, las razones del incumplimiento y la fecha estimada para regularizar los pagos.

De acuerdo con el documento presentado, la falta de transferencias completas vulnera los principios de la descentralización fiscal y afecta directamente la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

Alcades alzan la voz

La denuncia se da en medio de un contexto en el que diversos alcaldes del país han reclamado públicamente el incumplimiento de la ley.

Según un informe reciente, el MEF solo ha transferido el 39% de los fondos recaudados por el IBI, mientras que la recaudación total supera los $200 millones.

Durante la sustentación del presupuesto, el MEF se defendió y señaló que las asignaciones se calculan con base en estimaciones previas y dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, lo que impide transferir la totalidad de los fondos.