Diputado Richards cuestiona a ministra Beatriz Carles por casos de menores embarazadas en albergues del Senniaf

La comparecencia de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, ante la Asamblea Nacional de Panamá por la sustentación del informe de gestión 2025 terminó marcada por fuertes cuestionamientos sobre la situación de los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el diputado Betserai Richards le preguntó directamente a la ministra si tenía conocimiento de casos de menores embarazadas bajo la tutela del Estado en albergues del Senniaf.

La respuesta de la titular del Ministerio de Desarrollo Social sorprendió en el pleno.

“No tengo reportes”, respondió Carles de Arango, pese a que actualmente preside la junta directiva del Senniaf.

Richards aseguró que había recibido información de funcionarios vinculados al sistema de protección infantil sobre casos de menores embarazadas dentro del sistema.

El diputado afirmó que incluso recibió fotografías de adolescentes en estado de embarazo, aunque explicó que no fueron publicadas por tratarse de menores de edad.

Según relató, algunos de estos embarazos habrían ocurrido después de que las jóvenes salieran de los albergues y regresaran en estado de gestación, lo que calificó como una situación “extremadamente grave”.

“Una menor que está bajo tutela del Estado resulta embarazada y no se presentan denuncias”, cuestionó el diputado durante la sesión.

Ante el señalamiento, la ministra indicó que necesitaría conocer casos específicos para poder referirse a la situación.

También explicó que las adolescentes en los albergues no permanecen encerradas todo el tiempo, ya que pueden asistir a la escuela o salir durante fines de semana con familiares autorizados.

El interrogatorio también abordó las condiciones dentro de los albergues del sistema.

Richards preguntó a la ministra si durante una visita que realizó en 2025 detectó que adultos convivían en instalaciones destinadas para menores, una situación que podría contradecir el objetivo de estos centros.

Carles de Arango explicó que algunos adultos jóvenes con discapacidad permanecen en el sistema debido a que crecieron bajo la protección estatal y la ley permite extender su tutela.

Sin embargo, reconoció que el Gobierno ha buscado alternativas para trasladar a estas poblaciones, aunque aseguró que no existen suficientes centros especializados para atenderlos.

Alternativas que evalúa el MIDES

Durante su comparecencia, la ministra indicó que el Gobierno trabaja en dos alternativas para atender a esta población.

La primera es abrir una convocatoria para organizaciones no gubernamentales que puedan encargarse del cuidado de jóvenes con discapacidad que crecieron dentro del sistema.

La segunda opción contempla habilitar un nuevo espacio para esta población, aunque explicó que aún se están resolviendo temas relacionados con la propiedad del terreno.