Director de Senadap denuncia nombramientos políticos y asfixia institucional del Mides

La crisis interna de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap) escaló luego de que su director, Nolis Boris Góndola, denunciara a La Estrella de Panamá una serie de acciones realizadas desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que, según afirma, han debilitado la autonomía operativa y financiera de la entidad hasta el punto de obligarlo a cubrir gastos institucionales con su propio salario.

El funcionario aseguró que la situación es “difícil” y que desde el ministerio se han dado instrucciones directas sobre nombramientos y decisiones administrativas dentro de la institución. “Hemos defendido la autonomía del Senadap”, sostuvo, al tiempo que denunció que la ministra Beatríz Carles ordena a quién nombrar y qué acciones ejecutar en la oficina.

De acuerdo con el director, el conflicto se agravó cuando el Senadap perdió recursos básicos para su funcionamiento, como medidas de presión de Carles.

Entre las medidas señaladas están la supuesta eliminación del presupuesto asignado y la suspensión de servicios esenciales como el acceso a correos institucionales, wifi, combustible y el uso del único vehículo oficial con el que contaba la entidad.

Además, afirmó que se creó una oficina paralela que inicialmente operaba con siete personas y desde la cual se tramitó el traslado de tres funcionarios del Senadap sin su autorización. Pese a este escenario, aseguró que la institución continúa coordinando con otros ministerios para mantener sus labores.

El impacto financiero, según sus declaraciones, ha sido significativo. El director afirma que ha tenido que asumir personalmente gastos operativos del Senadap y que la suma acumulada ronda los $20 mil. “Actualmente cubro los gastos del Senadap con mi salario”, expresó.

Las denuncias también alcanzan el manejo del recurso humano. El funcionario indicó que la jefa de Recursos Humanos habría realizado nombramientos sin su consulta. Aunque la situación fue denunciada y la funcionaria separada del cargo, posteriormente regresó a la institución y continuó efectuando designaciones que, según el director, respondían a órdenes de la ministra.

El conflicto institucional habría llegado incluso a la esfera administrativa del Estado. El director denunció que la ministra gestionó ante la Contraloría General la tramitación de su destitución, lo que implicó su salida de la planilla estatal.