Docentes de Colón denuncian fallos contradictorios y desacato de órdenes de reintegro

Docentes separados de sus cargos en la provincia de Colón enviaron un mensaje a la nación este jueves 6 de agosto de 2026, denunciando la inseguridad jurídica, las afectaciones económicas a sus hogares y la falta de coherencia en los fallos emitidos por el Órgano Judicial frente a los procesos disciplinarios en su contra.

”Mi familia y yo hemos enfrentado meses de angustia, incertidumbre y dificultades económicas. Detrás de cada docente separado existe un hogar afectado, hijos que dependen de nosotros y años de servicios dedicados a la educación nacional”, expresó una educadora a través de un manifiesto difundido por el gremio.

La principal queja de los docentes radica en la disparidad de criterios dentro del sistema de justicia. Según detallaron, han observado cómo procesos con hechos y circunstancias sustancialmente semejantes reciben resoluciones distintas, aun cuando en ellos participan los mismos magistrados. “Esta situación me genera dudas legítimas, inseguridad jurídica y una profunda sensación de desigualdad ante la justicia”, acotó la docente, quien estaba acompañada de una ventena de docentes separados.

Según datos de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), un total de 167 educadoras y 137 educadores fueron separados de sus cargos tras la huelga que comenzó el 23 de abril de 2025 y que se extendió por más de dos meses en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).

El pronunciamiento se da en medio del reclamo por la falta de ejecución del fallo dictado a favor de la docente Benilda González. Mediante la resolución del 27 de enero de 2026, confirmada mediante el Oficio N° 1158/EJE.128687-2025 del 22 de junio de 2026, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá concedió un amparo de garantías constitucionales que revocó la suspensión provisional de cargo y salario dictada contra la educadora por el Centro Educativo Básico General Manuel Urbano Ayarza.

En dicho dictamen, la corporación de justicia argumentó que las ausencias de la docente durante la huelga nacional —en la que participaron más de 20,000 educadores— constituyen un tema de interés nacional y no una falta individual o “escándalo público” que afecte el prestigio del plantel.

Pese a que el tribunal desestimó las aclaraciones y reconsideraciones del caso, los voceros gremiales señalaron que las autoridades del plantel y del Ministerio de Educación (Meduca) insisten en no cumplir con la restitución de la profesora a su puesto de trabajo.

”No pedimos favores ni privilegios, pedimos coherencia en las decisiones, igualdad ante la ley, debido proceso y respeto a nuestra dignidad” , subrayaron los educadores en su mensaje, ratificando que continuarán la defensa de sus plazas por las vías legales y pacíficas