Ejecutivo modificará ley de electricidad para frenar especulación de distribuidoras

El Órgano Ejecutivo presentó una propuesta de modificación a la ley sectorial de electricidad orientada a reconfigurar las reglas del mercado de cara al próximo proceso de concesión de distribución eléctrica que se ejecutará en octubre de 2028. La reforma busca eliminar los vacíos legales que impiden una competencia real y establece penalizaciones económicas directas a las empresas actuales si intentan bloquear la participación de nuevos inversionistas mediante la especulación financiera.

De acuerdo con las autoridades sectoriales, el marco regulatorio vigente carece de mecanismos para evitar que la empresa privada que controla la mayoría de las acciones de la distribución se perpetúe de forma indefinida en el mercado. Durante el proceso de licitación del año 2013, la distribuidora de turno ofertó un valor artificial de $3,000 millones sobre unas acciones tasadas realmente en $300 millones, lo que ahuyentó a potenciales competidores sin que el Estado pudiese aplicar repercusiones económicas.

Para neutralizar esta distorsión, el nuevo esquema legal establece que si una concesionaria presenta una oferta excesiva y fuera del valor de mercado para retener el servicio, estará obligada a pagar un derecho de concesión directamente al Tesoro Nacional. Con esta medida, el Ejecutivo pretende forzar a los operadores a cotizar valores justos y abrir el compás a la libre competencia en las zonas de distribución del país.

Además de las reglas de licitación, el proyecto de reforma sectorial aborda tres ejes críticos urgentes: la fiscalización de la calidad del servicio, la electrificación de más de 50,000 familias que carecen de suministro eléctrico a nivel nacional y la optimización de los parámetros de competencia en la generación de energía. Las autoridades enfatizaron que las modificaciones no pretenden una transformación total del sistema para resguardar la estabilidad financiera del sector.

Rodrigo Rodríguez Jaramillo, titular de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), sostuvo que la propuesta de reforma busca fortalecer los mecanismos para exigir el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio eléctrico. Explicó que uno de los cambios planteados es hacer más efectivo el cobro de penalidades, sanciones y multas contra las empresas distribuidoras cuando incumplan sus obligaciones.

El funcionario argumentó que las sanciones económicas deben convertirse en un incentivo real para corregir las deficiencias en la prestación del servicio. “Mientras esa señal económica de corregir no les llegue, muy difícilmente lo van a hacer”, afirmó durante la conferencia de prensa.

Rodríguez Jaramillo indicó además que la iniciativa contempla ajustes en el esquema de concesiones que entrará en vigor en 2028. Según explicó, la propuesta busca abrir mayores espacios de competencia para que otras empresas puedan participar en los procesos de adjudicación de contratos de distribución eléctrica.

Entre las modificaciones planteadas figura la inclusión del incumplimiento de los estándares de calidad como una causal de terminación de los contratos de concesión. De acuerdo con el secretario de Energía, el objetivo es que las empresas que aspiren a operar el servicio conozcan desde el inicio que las reglas exigirán mayores niveles de cumplimiento.

Las declaraciones surgieron en medio de cuestionamientos por los recientes reportes de apagones y fluctuaciones eléctricas registrados en distintos puntos del país, situaciones que han generado reclamos de usuarios y afectaciones en servicios públicos y actividades económicas. En ese sentido, la reforma estipula que los incumplimientos normativos se traduzcan en reducciones tarifarias aplicadas de manera directa en los recibos de los clientes afectados.

Por otra parte, Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aclaró que la estructura de precios autorizada por el regulador semestralmente se mantiene fija hasta el 30 de junio de 2026. Los incrementos reportados en la facturación residencial responden a variaciones en el consumo de energía derivados de la crisis climática y el impacto del fenómeno de El Niño.

Las mediciones oficiales indican que las temperaturas en los meses de abril y mayo de 2026 aumentaron entre un 25% y un 30% en comparación con el mismo período de 2025. Este incremento térmico elevó el consumo energético nacional a 925,000 megavatios hora, lo que representa un alza de entre el 10% y el 11%.

Detalló que el uso intensivo de compresores de climatización y refrigeración para contrarrestar el calor externo provocó que múltiples usuarios sobrepasaran el límite de los 300 kilovatios hora mensuales, perdiendo los subsidios estatales de forma automática.