El Canal ante una nueva etapa:
los retos de la administradora

El 21 de mayo la Junta Directiva de la Autoridad del Canal anunció a la ingeniera Ilya Espino de Marotta como nueva administradora para el período 2026-2033.

La ingeniera Espino de Marotta proviene de las entrañas del Canal. Con más de cuatro décadas de trayectoria, tuvo un rol protagónico en el programa de ampliación, lidera actualmente la coordinación del proyecto de río Indio y ha sido subadministradora por los últimos siete años.

Su perfil combina experiencia técnica operativa y en desarrollo de proyectos de gran magnitud, con una vocería constante de cara a la sociedad y cercanía con la clientela y la industria marítima.

A partir del 5 de septiembre de 2026, la nueva administradora asumirá las riendas del Canal de Panamá, la empresa estatal que no solo constituye uno de los principales motores económicos del país, sino también un activo estratégico central de su institucionalidad.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia validó el rol del Canal como catalizador de un ecosistema logístico ampliado, reconociendo que su valor trasciende el tránsito de buques y se extiende al desarrollo de cadenas de suministro y servicios complementarios. Este criterio se alinea con el mandato constitucional de articular una estrategia marítima nacional orientada a generar valor agregado y competitividad internacional.

En ese contexto, el Canal ha propuesto dos proyectos estratégicos: el desarrollo de los puertos de Telfers y Corozal, y un corredor energético que contempla un gasoducto transístmico. Se prevé que los procesos de precalificación para ambos proyectos se inicien en junio de este año, marcando un paso relevante en su estructuración.

El desarrollo portuario contempla concesiones separadas para las terminales de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, concebidas como instalaciones de acceso abierto y uso común orientadas al transbordo internacional. Los requisitos técnicos exigen operadores con trayectoria consolidada —al menos ocho años de experiencia—, manejo reciente de múltiples terminales con volúmenes significativos (al menos seis millones de TEU agregados anuales) y ejecución de proyectos comparables de gran escala. A ello se suman exigencias estrictas en materia ambiental, social y de seguridad, alineadas con estándares internacionales, así como una sólida capacidad financiera que permita sustentar inversiones de esta magnitud.

Por su parte, el corredor energético requiere experiencia comprobada en la operación y desarrollo de infraestructura de líquidos de gas natural (NGL), cumplimiento de estándares internacionales ambientales y de seguridad, y fortaleza financiera suficiente para soportar un proyecto de alta complejidad y escala.

Ambos proyectos representan un cambio estructural en el modelo de negocio del Canal y su posicionamiento estratégico, que evoluciona de ser una vía de tránsito de buques a una plataforma logística y energética de alcance hemisférico.

El proyecto de río Indio contempla la construcción de un lago reservorio de aproximadamente 4,600 hectáreas, ubicado en la cuenca hidrográfica que abastece al Canal de Panamá, en una zona estratégica entre Coclé, Colón y Panamá Oeste. Su objetivo principal es incrementar la capacidad de almacenamiento de agua dulce para garantizar la operación continua de las esclusas, cuya dinámica depende del uso intensivo de este recurso. El diseño busca aprovechar condiciones naturales de topografía y profundidad que permitirían almacenar volúmenes comparables a los del lago Gatún, integrándose funcionalmente al sistema hídrico existente.

Desde el punto de vista operativo, el proyecto responde a la creciente presión sobre la cuenca del Canal, que sostiene tanto el tránsito marítimo como el abastecimiento de agua potable a más de dos millones de personas. La iniciativa se enmarca en una visión de balance hídrico que permita compatibilizar ambos usos —logístico y humano—, incorporando criterios de sostenibilidad y resiliencia frente a la variabilidad climática. Su costo estimado supera los $1,600 millones, convirtiéndolo en la inversión hídrica más relevante desde la ampliación del Canal en 2016.

En este contexto, resulta imperativo que la Autoridad del Canal de Panamá acelere la ejecución del proyecto, particularmente ante la creciente recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, sin menoscabo del cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades en las áreas a ser intervenidas. La experiencia reciente sugiere que estas condiciones podrían volverse más frecuentes e intensas en el futuro, lo que incrementa el riesgo operativo del Canal y refuerza la urgencia de adoptar soluciones estructurales que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.

La nueva administradora deberá garantizar una operación y administración alejada de la política local, así como de los vaivenes geopolíticos internacionales. En un entorno donde las rutas marítimas enfrentan presiones derivadas de conflictos comerciales, diplomáticos y bélicos, el Canal de Panamá debe preservarse como una infraestructura confiable, neutral y abierta al comercio global, conforme a los principios establecidos en los Tratados del Canal.

La meritocracia, tecnicidad y profesionalización constante del recurso humano, así como de los procesos de selección de personal y de contrataciones, constituyen pilares fundamentales de su operación. A ello se suma el cumplimiento estricto del Tratado de Neutralidad, la previsibilidad en los sistemas de reservas y la claridad de costos para los usuarios.

Estos principios —neutralidad, transparencia, previsibilidad y excelencia operativa— constituyen en sí mismos ventajas competitivas del Canal. Su preservación será determinante tanto para la vía interoceánica como para la credibilidad de los nuevos desarrollos portuarios y del corredor energético en un entorno global cada vez más exigente.

Más allá de los desafíos técnicos y geopolíticos, el mayor reto de la nueva administradora podría ser de carácter social: fortalecer el vínculo entre el Canal y la ciudadanía panameña.

La encuesta Vea Panamá: La verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, publicada en abril de este año, posiciona a la Autoridad del Canal como la institución con mayor credibilidad del Estado. Sin embargo, una medición de septiembre de 2025 revela una brecha relevante en la percepción de sus beneficios: solo el 18% de los encuestados considera que el Canal genera beneficios directos, mientras que el 43% opina que no beneficia al pueblo y un 38% manifiesta desconocimiento.

Esta percepción contrasta con la realidad económica. Para el año fiscal 2025, el Canal aportó al Estado $2,965 millones, una cifra récord histórica. Si bien estos recursos ingresan al Tesoro Nacional a cargo del Órgano Ejecutivo y su administración no corresponde a la Autoridad del Canal, existe una clara oportunidad —y necesidad— de fortalecer la comunicación de estos aportes y su impacto en el desarrollo nacional.

Los retos de la nueva administradora son múltiples y complejos. En lo técnico, deberá impulsar proyectos estratégicos de gran escala —puertos, gasoducto y seguridad hídrica— en un entorno de restricciones crecientes. En lo geopolítico, deberá preservar la neutralidad, competitividad y confiabilidad del Canal en un contexto internacional cada vez más volátil.

Sin embargo, el desafío más determinante será interno: reconectar al Canal con la sociedad panameña, cerrando la brecha entre su enorme contribución económica y la percepción ciudadana de sus beneficios.

El futuro del Canal no dependerá únicamente de su eficiencia operativa o de sus proyectos de expansión, sino también de su capacidad de sostener legitimidad social como patrimonio estratégico de todos los panameños.

La ingeniera Espino de Marotta no está sola: la acompañan los miles de profesionales que integran el Canal y la respaldan millones de panameños que ven en su éxito el reflejo del éxito nacional.