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- 22/10/2026 00:00
El terremoto del 9 de octubre alteró la rutina de pequeños empresarios y trabajadores de Azuero, donde el turismo y la pesca representan fuentes de ingresos para numerosas familias. Después del sismo, algunos negocios enfrentaron interrupciones en sus actividades, pérdidas de productos y dificultades para mantener sus compromisos económicos, mientras sus propietarios intentan encontrar la manera de retomar el trabajo.
En esta región del país, donde la agricultura y la ganadería son un eslabón importante de la economía local, la preocupación gira en torno a la recuperación de los ingresos y la capacidad de los pequeños negocios para sostenerse durante la emergencia. Aún no se cuentan con datos específicos para determinar el alcance de los efectos del terremoto sobre cada sector productivo.
En Isla Cañas, distrito de Tonosí, Daddys Delgado no trabaja desde el 9 de octubre. Su actividad depende del turismo, que ofrece a los visitantes recorridos por los manglares, observación de tortugas y paseos relacionados con la pesca, entre otras experiencias.
Los recorridos requieren transporte y coordinación con los visitantes. Algunos traslados desde el puerto hasta sectores alejados pueden superar los $100, mientras que los precios de ciertos servicios parten de unos $80, según los datos recabados. La tarifa depende de las condiciones del recorrido y del servicio contratado.
La interrupción de su trabajo deja en evidencia la dependencia que tienen algunos trabajadores de la llegada de turistas. Cuando la actividad se detiene, también se afectan las oportunidades de generar ingresos para cubrir los gastos cotidianos.
La pesca forma parte de la dinámica económica de Isla Cañas. En comunidades donde el trabajo depende de los visitantes y de las actividades vinculadas con el mar y los manglares, cualquier interrupción puede complicar el sustento de quienes ofrecen servicios turísticos o participan en actividades relacionadas con la pesca.
Por ahora, no existen cifras consolidadas en la información disponible que permitan medir cuántos trabajadores dejaron de percibir ingresos en esta comunidad a raíz del terremoto. Los testimonios, sin embargo, permiten identificar las dificultades que enfrentan algunas familias para retomar sus actividades.
En Cambutal, distrito de Tonosí, la empresaria turística Ruth Díaz también observa con preocupación las consecuencias económicas de la emergencia. Según relató, algunos negocios perdieron alimentos y otros productos durante los tres días que permanecieron sin electricidad.
A las pérdidas se suman los compromisos financieros que continúan pese a la reducción de las ventas. Los préstamos, los gastos de operación y otras obligaciones representan una presión adicional para quienes dependen de los ingresos diarios de sus negocios.
Díaz teme que la prolongación de las dificultades obligue a algunos establecimientos a reducir sus operaciones o incluso a cerrar. También le preocupa el comportamiento del turismo interno durante las fiestas patrias de noviembre, una temporada importante para los negocios que reciben visitantes nacionales.
Su empresa organiza recorridos turísticos y contaba con reservas. La incertidumbre sobre la actividad y la capacidad de los clientes para viajar añade presión a una operación que necesita ingresos para mantenerse.
La afectación también alcanza el entorno familiar de los trabajadores. Díaz contó que la familia de uno de sus colaboradores perdió su vivienda y que el empleado tuvo que ayudar a sus parientes. Ante la situación, el equipo de la empresa ofreció apoyo.
El caso muestra que las consecuencias de una emergencia no se limitan a los daños materiales. Cuando un trabajador debe atender una crisis familiar y, al mismo tiempo, enfrenta la interrupción de sus ingresos, la recuperación se vuelve más compleja.
El sector agropecuaria también se ha visto afectado, aunque tampoco se tiene datos del impacto del sismo sobre el campo.
Un mercado cerrado y mercancía sin retirar
A varios kilómetros de Azuero, en Penonomé, provincia de Coclé, Ismael Gordón Troya enfrenta otra consecuencia de la emergencia. Tiene 35 años de trabajar en el mercado público, donde vende artesanías elaboradas a mano. Desde el terremoto, el cierre del edificio le impide acceder con normalidad a su puesto y retirar la mercancía que permanece en el interior.
El mercado cerró debido a las condiciones estructurales que requieren evaluación. Mientras las autoridades determinan las reparaciones necesarias y las condiciones para una eventual reapertura, los comerciantes buscan alternativas para mantener sus ingresos.
Gordón Troya vende ahora en una galera provisional instalada en las afueras del mercado. El cambio le permite continuar trabajando, pero las ventas disminuyeron, según su testimonio.
La situación llega en una época importante para su actividad. El final de octubre suele representar un periodo de buenas ventas para sus artesanías, por lo que la interrupción del acceso a su puesto y el traslado a un espacio temporal afectan sus expectativas comerciales.
Después de 35 años en el mercado, el cierre supone una alteración de su rutina y de la forma en que desarrolla su oficio. Como otros comerciantes, espera que las autoridades definan el proceso de reparación y las condiciones de seguridad que permitan retomar la actividad.
El caso de Penonomé muestra que los efectos económicos de un terremoto pueden extenderse más allá de las zonas cercanas al epicentro. El cierre de una estructura comercial también repercute en quienes dependen de ella para vender, abastecerse o atender a sus clientes.
Un mercado laboral con diferencias entre provincias
Las dificultades que relatan los pequeños empresarios ocurren en un mercado laboral con diferencias entre las provincias de la región central del país. La Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), ofrece un panorama de la población ocupada y desocupada de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.
En Coclé, la encuesta registra 134,359 personas ocupadas y 7,771 desocupadas, con una tasa de desempleo de 5.5%. En Veraguas, la población ocupada suma 113,707 personas y la desocupada, 9,955, para una tasa de 8.1%.
En Herrera, el informe contabiliza 62,498 personas ocupadas y 2,948 desocupadas, con una tasa de desempleo de 4.5%. Los Santos registra 52,595 personas ocupadas y 1,841 desocupadas, con una tasa de 3.4%.
En conjunto, las cuatro provincias suman 363,159 personas ocupadas y 22,515 desocupadas, de acuerdo con los datos suministrados de la encuesta.
Estas cifras permiten dimensionar el mercado laboral de los territorios, pero no indican cuántas personas perdieron sus empleos, redujeron sus jornadas o vieron disminuir sus ingresos a raíz del terremoto. Para establecer ese impacto, se necesitan registros posteriores a la emergencia, información de los sectores económicos afectados y testimonios de trabajadores y empleadores.
El subempleo y la fragilidad de los ingresos
El desempleo no es el único indicador que permite examinar la situación de los trabajadores. También importa la estabilidad de los ingresos y la posibilidad de contar con una ocupación que permita cubrir los gastos básicos.
A escala nacional, los datos suministrados de la encuesta de agosto de 2026 sitúan en 413,155 el número de personas en condiciones de subempleo invisible, equivalentes al 20.2% de la población ocupada. La informalidad alcanza el 45.8% de la población ocupada no agrícola, con 784,244 personas.
Estos indicadores describen condiciones del mercado laboral nacional, pero no miden directamente las consecuencias del terremoto. Su relevancia para esta historia radica en el contexto económico en el que pequeños comerciantes, trabajadores turísticos y prestadores de servicios intentan recuperar sus actividades.
Cuando las ventas disminuyen o un negocio debe cerrar temporalmente, las obligaciones financieras y los gastos familiares no desaparecen. La duración de la interrupción, los daños sufridos y la rapidez de la recuperación pueden determinar cuánto tiempo tardan los afectados en restablecer sus ingresos.
En Cambutal, Ruth Díaz teme que algunos negocios no logren sostenerse si las ventas no se recuperan. En Isla Cañas, Daddys Delgado sigue sin trabajar desde el 9 de octubre. En Penonomé, Ismael Gordón Troya intenta vender sus artesanías en un espacio provisional mientras espera una respuesta sobre el mercado público.
Sus experiencias reflejan distintas formas de afrontar las consecuencias económicas de una emergencia: la interrupción del turismo, la presión sobre los negocios y la imposibilidad de utilizar un espacio comercial. Aunque los casos no permiten calcular el impacto total del terremoto, sí muestran cómo una crisis puede alterar el trabajo y los ingresos de quienes dependen de actividades de pequeña escala.
La recuperación no depende únicamente de reparar estructuras o restablecer servicios. Para estos trabajadores y empresarios, también significa volver a recibir clientes, recuperar las ventas y contar con condiciones que les permitan sostener sus negocios y a sus familias.