El equilibrio inestable de nuestra economía

Hace pocos días la calificadora de riesgo Moody’s estuvo en Panamá y nos ofreció los resultados de sus análisis económicos y fiscales sobre Panamá. Al igual que otras, Moody’s le ha dado un seguimiento pormenorizado y atento a la situación de nuestro país desde hace muchos años. Sus opiniones, dadas a conocer públicamente en un foro por su vicepresidente de Crédito Soberano y Riesgo, Renzo Merino, sitúan al país en lo que nosotros definimos como “un equilibrio inestable” de nuestra economía. Dicho de otra manera, más gráfica, no logran saber si el vaso de nuestra economía y realidad fiscal está medio lleno o medio vacío.

Esta opinión la fundamento en que el actual gobierno ha tomado a su juicio medidas importantes, como la reforma de la Caja de Seguro Social y la reducción del déficit principalmente disminuyendo el gasto, pero estas acciones no bastan para resolver los problemas estructurales del país. Sin titubeos, Merino afirmó que “Nosotros consideramos que esas medidas por si solas no serán suficientes...se necesitan medidas adicionales, reformas adicionales”.

Renzo Merino valoró positivamente un crecimiento promedio del 6% entre 1990 y 2019, lo que permitió reducir la deuda pública del 70% al 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Hay que tener presente que en el pasado Panamá tuvo índices de crecimiento de dos dígitos, y Moody’s silencia las razones del porqué hoy aspiramos a un 4%, lo que consideraría un gran logro. Y dadas las circunstancias internacionales y la catastrófica herencia del pasado gobierno, en efecto lo sería. Lo que queda por averiguarse es si tal vez hay un agotamiento del modelo y del estilo de crecimiento.

Gracias a la dolarización histórica de nuestra economía, Merino considera que la estabilidad monetaria y la baja inflación han hecho posible la estabilidad. Moody’s pasa por alto la precariedad del empleo y los bajos salarios que generan pauperismo social. Las impresionantes filas de jóvenes y adultos mayores en las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), al igual que en las ofertas de empleo por la Alcaldía de Panamá, dan fe de la grave situación social en que está instalado el país, pese a “la estabilidad monetaria y la baja inflación”.

Otro logro que para Moody’s explica la medio llenura del vaso de la economía panameña es la reciente reforma del sistema de pensiones, porque le otorga estabilidad por algunas décadas, y refleja la voluntad de la Asamblea Nacional de enfrentar problemas de largo plazo. Pero este diagnóstico desdeña la inyección de descontento que generó la reforma de las pensiones en sectores importantes de la sociedad panameña, descontento que no puede ignorarse ni pasarse por alto. Y de igual forma, pareciera que Moody’s prescinde deliberadamente de la naturaleza y comportamiento de la Asamblea Nacional, actualmente muy fragmentada y sometida a los vaivenes del “qué hay para mí”, lo que dificulta confiar en lo que la calificadora de riesgo define como “capacidad de consenso político”.

Lo primero que señala Renzo Merino es que el grado de inversión está en riesgo, recordando que Panamá se mantiene en el último escalón dentro de este sistema de medición y con perspectiva negativa, haciendo depender la pérdida del grado de inversión de la “sostenibilidad fiscal”, es decir, de la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones sin aumentar excesivamente la deuda ni poner en riesgo la estabilidad económica. Por ello le preocupa especialmente, la deuda pública que ha aumentado en casi 20 puntos del PIB desde 2019, y hoy consume entre el 18% y el 19% de los ingresos del gobierno en intereses, resultando una de las cargas más altas del mundo entre los países emergentes.

Por otra parte, Moody’s considera que el déficit fiscal en el segundo trimestre del año está por encima del 2% del PIB, agravándose la desconfianza por la lentitud en la publicación de datos y los permanentes atrasos en darlos a conocer. Todo ello explica, según Moody’s, el por qué a “Panamá le cuesta la emisión de un bono más del 6%, cuando antes lo hacia al 3 0 4%”. Remata el informe de Renzo Merino señalando que casi el 70% del gasto estatal se destina al pago de intereses, transferencias y salarios, sacrificando inversiones en infraestructuras y limitando la capacidad de ajustes.

Igualmente remarcó que Panamá se encuentra entre los países con menor recaudación en proporción al PIB, lo que deteriora su capacidad de cumplir con obligaciones crecientes, como el gasto educativo fijado en 7% del PIB y las leyes especiales que obligan al aumento de salarios en el sector público. Este señalamiento de Moody´s resulta altamente significativo porque esclarece donde radica uno de los mayores problemas de las finanzas panameñas: la negativa, así hay que decirlo, a tomar las medidas necesarias para recaudar lo exigido por la ley. La elusión y evasión fiscal es escandalosa, a tal extremo que, ante las dificultades, la Dirección General de Ingresos acaba de reconocer que muchas grandes empresas facturan solo el 50% de sus ventas para así evadir los impuestos. Tan grave es la situación que Panamá recauda en impuestos un 7% del PIB, cuando el promedio regional es del 14%.

Este panorama de una economía de vaso medio vacío, viene a agravarse por lo que Moody’s considera un “capital político limitado”, resultado del descontento ciudadano manifestado en las masivas y recurrentes protestas ciudadanas, a lo que hay que agregar que el Ejecutivo no cuenta con una clara mayoría en la Asamblea Nacional, viéndose así obligado a negociar cada reforma, y ello sin contar con las influencias personales externas, provenientes de quienes, con mayor o menor éxito, siguen influyendo en las decisiones políticas, supeditadas a la búsqueda de la eliminación de su condena, abriéndose así la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones.

Pese a que ha habido voces que afirman que el análisis de Moody’s es un fuerte espaldarazo a la política económica seguida por el gobierno, un análisis más sereno advierte que, por el contrario, dicho análisis ofrece un resultado nada positivo de la compleja situación económica en la que se encuentra el país y, por el contrario, contiene veladas amenazas respecto a que Panamá “está al borde de perder el grado de inversión”. Por supuesto, el análisis de Moody’s apunta a un endurecimiento de las políticas de recortes orientadas al gasto social. Nada dice de las posibilidades de endurecer las penas por la evasión, ni de recortes en el millonario despilfarro resultado de la existencia del gran negocio que significan las Notarías y el servicio exterior, y ello sin hablar de los no menos de 350 millones que se podrían ahorrar en cinco años acabando con la corrupción rampante existente en la Asamblea Nacional.

Podemos concluir que la economía panameña se sostiene en un equilibrio inestable, pues su estabilidad depende de las presiones de las casas calificadoras de riesgo, de la orientación de las políticas de recortes del gobierno, y de los posibles estallidos sociales resultantes de una situación social tan deteriorada que alerta de posibles nuevos estallidos sociales.