El Niño: Ejecutivo crea fideicomiso de $80 millones y pone al MEF a cargo de los recursos

La administración del presidente José Raúl Mulino estableció un mecanismo financiero específico para atender el estado de emergencia nacional declarado por el fenómeno de El Niño: hasta 80 millones de dólares serán consignados mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá a su cargo la administración y autorización de los recursos.

La medida está contemplada en la Resolución de Gabinete N.° 30603 D, aprobada el 25 de agosto de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial Digital de este miércoles 2 de septiembre.

De acuerdo con la resolución, los recursos destinados a enfrentar la emergencia estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria de las vigencias fiscales 2026 y 2027.

El dinero será colocado en un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, mientras que el MEF administrará y autorizará los recursos y los traslados presupuestarios que sean necesarios para ejecutar las acciones vinculadas con la emergencia.

La autorización contempla hasta 80 millones de dólares, aunque el Consejo de Gabinete podrá posteriormente aumentar o reducir ese monto, así como modificar el periodo durante el cual podrán realizarse las contrataciones especiales.

Los ministerios y entidades públicas podrán utilizar un procedimiento especial de adquisiciones de emergencia para contratar obras, bienes y servicios necesarios para responder a las situaciones provocadas por las condiciones climáticas.

Estas contrataciones podrán efectuarse hasta el 30 de junio de 2027 y deberán estar debidamente justificadas y realizarse a precios de mercado.

Cada solicitud será evaluada y autorizada por la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, creada mediante la Resolución de Gabinete N.° 45 del 26 de mayo de 2026, que también determinará el monto correspondiente.

Aunque el Gobierno habilitó un mecanismo excepcional de contratación, los pagos no quedarán exentos del control fiscal.

La resolución establece que los pagos derivados de las contrataciones autorizadas deberán contar previamente con el refrendo de la Contraloría General de la República.

Además, el representante legal de cada ministerio o entidad pública será responsable por las actuaciones u omisiones relacionadas con el uso de esta facultad excepcional.

La resolución establece también qué ocurrirá con los recursos que permanezcan disponibles una vez finalizada la emergencia.

Después de concluir el periodo de contratación y efectuarse el pago de las obligaciones autorizadas, cualquier saldo que permanezca en el fideicomiso deberá ser reintegrado al Tesoro Nacional.

Esto significa que los 80 millones de dólares representan un tope de recursos autorizado, y no necesariamente un gasto que deba ejecutarse en su totalidad.

Las entidades que recurran al procedimiento excepcional deberán presentar al Consejo de Gabinete informes detallados sobre las adquisiciones realizadas.

Los reportes deberán incluir:

Nombre del contratista.

Objeto del gasto.

Bienes o servicios adquiridos.

Monto contratado.

Esta información deberá ser publicada posteriormente en PanamaCompra, como parte de los mecanismos de seguimiento y transparencia establecidos en la resolución.

Antes de recurrir a una contratación excepcional, las instituciones también deberán consultar la tienda virtual para determinar si los bienes o servicios requeridos ya están disponibles mediante ese mecanismo.

La decisión del Gobierno responde a las previsiones sobre una posible intensificación de los efectos de El Niño durante los próximos meses.

El pronóstico citado en la resolución apunta a un mayor déficit de lluvias entre octubre y diciembre de 2026, así como entre enero y marzo de 2027, con posibles efectos que podrían extenderse hasta mayo.

Entre los riesgos identificados están la disminución de los niveles de lagos y embalses, incluyendo Bayano, la reducción de los recursos hídricos y posibles afectaciones a la disponibilidad de agua para las operaciones del Canal de Panamá.

También se advierten impactos potenciales sobre el sector agropecuario, la generación hidroeléctrica y la estabilidad de los recursos energéticos nacionales.

La resolución señala además que, desde enero de 2026, Sinaproc había registrado al menos 15,643 personas afectadas por inundaciones, más del 70% de ellas en Bocas del Toro y Colón.

Con el fideicomiso y la administración de los recursos a cargo del MEF, el Gobierno busca contar con una bolsa financiera para responder a los efectos de la emergencia climática mediante contrataciones especiales, bajo controles presupuestarios y de fiscalización.